San José, 19 set (elmundo.cr)- El diputado del PLN, Gustavo Viales manifestó su inconformidad con la decisión de la ministra de Justicia, Marcia González, de no ir personalmente a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y enviar a funcionarios, para discutir sobre el tema de brazaletes electrónicos en personas privadas de libertad.
El lunes pasado la empresa Grupo Cesa responsabilizó al Ministerio de Justicia de que los brazaletes electrónicos para el monitoreo de privados de libertad se encuentren sin comunicación.
Grupo Cesa es el socio estratégico de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en el proyecto de los brazaletes electrónicos.
Según le informó, mediante una carta a la ESPH, Juan David Rothe, director general de Grupo Cesa «estos dispositivos continúan facturándose, ya que están asignados a un privado. No obstante, hay dispositivos que no han sido tratados desde hace más de 1 año por el MJP».
De acuerdo con el legislador, “queremos la reacción directa de la ministra de Justicia”.
Asimismo dijo que esta situación tiene varias vertientes, “no solo la inseguridad que genera que no se monitoree a personas privadas de libertad que tienen ese beneficio, sino también el deterioro de la Hacienda Pública por la cantidad de dinero que se gasta en este programa y la violación a la disposición de un juez que ordena esta medida para darle seguimiento a que las personas cumplan sus penas y no se está haciendo a cabalidad.
Por último, se aprobó una moción presentada por Viales para que comparezcan representantes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para referiste al contrato para la “Solución Integral de Mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad” que el Ministerio de Justicia adjudicó.
