El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó este martes 6 de octubre a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que pueda ser investigado formalmente por un expediente que acumula 15 denuncias por presunta beligerancia política.
La solicitud fue presentada por la Sección Especializada del TSE, órgano compuesto por magistrados suplentes que tiene la facultad de conocer, en primera instancia, los procedimientos sancionatorios en materia político-electoral. Dicha sección resolvió por unanimidad que existen elementos suficientes para la admisibilidad del expediente contra el mandatario.
¿Quiénes lo denuncian?
Las denuncias fueron interpuestas por al menos diez personas distintas, entre ellas destacan figuras políticas como Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN); Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC); así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
También figuran en la lista Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC; Allen Solera Cordero, Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
Estas acusaciones forman parte de un conjunto más amplio: en total, el presidente Chaves acumula 24 denuncias por este delito, aunque solo 15 fueron incluidas en el expediente por el cual se solicita el levantamiento de su inmunidad.
¿Qué es la beligerancia política?
Según el artículo 105 de la Constitución Política, la beligerancia política es un delito que se configura cuando un funcionario público, con prohibición expresa, muestra parcialidad a favor de una agrupación política durante el ejercicio de su cargo o participa activamente en actividades político-electorales.
El Código Electoral establece sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de dos años. En el caso de altos jerarcas como el presidente de la República, el TSE no puede imponer directamente la sanción, sino que debe remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que tiene la potestad de levantar la inmunidad presidencial.
¿Qué sigue ahora?
Para que la Sección Especializada del TSE pueda avanzar al procedimiento sancionatorio, la Asamblea Legislativa debe aprobar el levantamiento del fuero presidencial, tal como lo establece el artículo 270 del Código Electoral.
La solicitud fue formulada el pasado 3 de octubre por el órgano presidido por el magistrado Luis Diego Brenes, junto con Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González, quienes concluyeron de forma unánime que los elementos presentados ameritan continuar con el proceso legal.
El caso plantea una encrucijada política y jurídica de gran peso: si el Congreso aprueba el levantamiento de la inmunidad, Rodrigo Chaves se convertiría en el primer presidente en ejercicio sometido a un procedimiento sancionatorio por este tipo de faltas.
