San José, 02 nov (elmundo.cr) – Sindicatos y empresarios entraron en una nueva pugna en los últimos días por un proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa y que elevaría sustancialmente el salario mínimo.
Se trata del proyecto 19.312, denominado “Ley de Salario Mínimo Vital” y que reforma los artículos 177 del Código de Trabajo y el artículo 16 de la Ley de salarios Mínimos. Dicho proyecto fue presentado por los diputados de la Fracción del Frente Amplio, incluído el exdiputado Ronal Vargas Araya.
Según los proponentes del proyecto, el fin del proyecto es hacer efectivo el cumplimiento del principio constitucional relativo a la determinación de los salarios mínimos en Costa Rica. De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Política, todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo que sea fijado de manera periódica y por jornada laboral, que además garantice bienestar y existencia digna.
De acuerdo con la propuesta de artículo 16 para el proyecto de Ley, el salario mínimo vital pasaría a ser calculado sumando nueve factores a saber: gastos de alimentación, de alquiler, de servicio de agua, de servicio de electricidad, gastos en telefonía, gastos en prendas de vestir y calzado, gastos por concepto de recreación y cultura, gastos en transporte y gastos por concepto de servicios de salud.
Al INEC le correspondería fijar mensualmente el costo de la canasta básica alimentaria, multiplicada por el tamaño promedio del hogar; la tarifa básica residencial de agua se calcularía multiplicando el valor del gasto per cápita en suministro de agua y servicios diversos, por el tamaño promedio de hogar, mientras que la tarifa básica residencial de electricidad se calcularía multiplicando el valor de gasto per cápita en electricidad, gas y otros combustibles por el tamaño promedio del hogar.
De esta manera, y siguiendo la metodología planteada en el proyecto de Ley, el salario mínimo vital pasaría de 249,566.98 colones hasta los 457.723,412 colones mensuales. Sin embargo, dicho salario no sería alcanzado de un mes para otro ya que el aumento se hará en tractos semestrales nominales que rondarían entre un 5,54% y un 6,65%.
El proyecto de Ley de ser aprobado en sus debates, entraría a regir a partir de su promulgación en el Diario Oficial La Gaceta.
¿POR QUÉ NO LO APOYAN LOS EMPRESARIOS?
Diversas compañías agrupadas en cámaras empresariales, ya manifestaron su rechazo a esta iniciativa de Ley por considerar que aumentaría la pobreza al obligar a sus empresas a despedir personal para garantizar el pago del salario mínimo vital a sus trabajadores.
Misma tesis la comparten los diputados liberacionistas que integran la comisión que analiza el proyecto de Ley, Juan Marín Quirós, Michael Arce Sancho y Lorelly Trejos Salas, coincidieron en que esta propuesta carece de estudio técnico, análisis y respaldo.
Igualmente, los diputados del Movimiento Libertario alertaron de la gravedad económica que traería la aprobación de este proyecto de Ley.
“Es necesario indicar que casi el 95% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Ese incremento de un 34% provocará que muchas empresas no puedan mantener el personal que actualmente emplean. Muchos asalariados pasarán a la informalidad y muchas más serán despedidos, especialmente los menos productivos. En resumen, un aumento en los salarios mínimos, que no guarde relación con el crecimiento de la economía, significará indudablemente más desempleo, informalidad, desigualdad y pobreza”, enfatizó la legisladora Díaz Quintana de la fracción libertaria.
La propuesta del colectivo sindical Patria Justa es llevar el proyecto de Ley a referéndum y que los costarricenses sean los que decidan sobre el futuro de esta iniciativa, que por el momento parece no tener vialidad en el Congreso.
