San José, 23 ago (elmundo.cr) – Mediante un oficio respaldado por todos los diputados y diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la bancada solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar a fondo las contrataciones directas entre algunas instituciones públicas y el Gobierno con la agencia de publicidad del Sinart.
Según señalaron “dichos contratos directos fueron establecidos sin ningún concurso para que la agencia del Sinart, coloque pauta en medios de prensa, realice eventos, videos, spots publicitarios, entre otros servicios”.
“Nos llama la atención la mayor parte de esas contrataciones se realizan de forma directa, es decir, sin mediar concurso alguno, en lugar de efectuar una licitación pública con agencias de publicidad, en busca de la mejor oferta para los intereses de la institucionalidad pública”, detalló el diputado Horacio Alvarado.
“En apariencia algunas de las consultas exigidas en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa no figuran en los expedientes de dichas contrataciones en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)”, señalaron.
“Nos inquieta, en particular, en algunos de los casos expuestos por la prensa, los plazos, procedimientos, trámites, requisitos y documentación atinente a las contrataciones no estén siendo debidamente atendidos; los argumentos que se exponen para cuestionarlos son meritorios y podrían estar indicando incumplimiento por parte de los contratantes”, afirmó Alvarado.
Los legisladores socialcristianos expresaron preocupación por la justificación de oferente único que se sirven dar algunas instituciones para contratar, y aún más, la posible colocación de pauta que se podría hacer en medios de comunicación sin que responda a una base sólida y técnica.
Además, “los diputados del PUSC, externaron su preocupación de que la Agencia del Sinart, invite a participar a través del Sicop, a diferentes medios de comunicación, con el propósito de justificar la excepción de proveedor único”.
Alvarado puntualizó que está trabajando un proyecto de ley para “regular apropiadamente las contrataciones por excepción entre entes públicos, ya que las instituciones y el Gobierno abusan del uso de esa figura”.
