San José, 22 feb (elmundo.cr) – El proyecto de Ley que reactivaría el impuesto a las personas jurídicas sigue empantanado en una Comisión de la Asamblea Legislativa.
Mientras el PUSC acusa al Gobierno de ser el responsable del poco avance de este y otros proyectos fiscales en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el Gobierno de Solís y los demás partidos políticos responsabilizan a los socialcristianos del entrabamiento.
El único perjudicado es el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene un hueco de 40.000 millones de colones en sus finanzas, luego de que la Sala Constitucional se trajera abajo el anterior impuesto a las sociedades, por un error procedimental de los legisladores.
Rosibel Ramos Madrigal, diputada del PUSC y quien dirige la Comisión que analiza este proyecto, afirma que la pretensión del Gobierno de tener aprobado este impuesto en quince días es irresponsable, ya que el mismo fue presentado tan solo hace una semana.
“Hoy por hoy ni siquiera el Gobierno se ha puesto de acuerdo para decidir quien va a administrar los recursos de este impuesto. Registro Público insiste en que ellos son, como siempre lo han hecho y por otro lado Tributación Directa dice que ahora son ellos los que van a administrar los recursos”, explicó la socialcristiana en conferencia de prensa.
Otro argumento por el que se oponen al actual texto los legisladores del PUSC, es que se cobraría según la condición de la sociedad. Es decir, si se encuentra activa o inactiva.
El PUSC plantea que debe ser de acuerdo con las utilidades que se cobre este impuesto a las personas jurídicas, sin embargo la tabla base que se redactó para hacer realidad esta idea tampoco los tiene contentos.
Y es que una sociedad que reporte utilidades por menos de 250 salarios base, pagaría un 30% del salario base de un oficinista del Poder Judicial, es decir 127.000 colones. Aunque esto quiere decir que, una sociedad que reporte ganancias por 2 salarios base debería pagar lo mismo en impuesto que aquella sociedad que reporte utilidades por hasta 250 salarios base.
“Si un pulpero reporta 850.000 colones va a pagar lo mismo que un empresario que reporte 250 salarios base (100.850.000 colones). Son diferencias abismales ¿Cómo vamos a poner a pagar a un pulpero que reporte dos salarios base, hasta un salario base, a pagar 127.000 colones de impuesto. No hay posibilidades de entender esta categoría”, dijo la socialcristiana.
El PUSC plantea que se redacte un texto sustitutivo para subsanar estas diferencias.
La oficialista Nidia Jiménez atacó a Rosibel Ramos y le indicó que bloquear este proyecto de Ley es un “acto criminal”.
“Usted será la responsable de lo que pase aquí en adelante con la seguridad ciudadana”, le dijo la pacsista a la diputada de la Unidad.
El anterior impuesto a las sociedades fue anulado por la Sala Constitucional, al detectarse que los diputados que promulgaron la Ley que le dio vida en ese entonces, no publicaron el texto que finalmente se aprobó, transgrediendo el principio de publicidad.
