San José, 21 nov (elmundo.cr) – La fracción del Partido Unidad Social Cristiana, comunicó su oposición rotunda al texto presentado bajo el expediente 23.331 Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica.
Según los socialcristianos, el texto planteado por el Gobierno contiene grandes y múltiples dudas en relación a la ruta que plantea el Poder Ejecutivo para la posible venta de un Banco que impacta directamente en el diseño institucional del país.
“De avanzar esta iniciativa, se pone en peligro la situación laboral de miles de funcionarios, la estabilidad económica de instituciones públicas y la posible pérdida de un valioso activo del Estado por un valor menor a la realidad del mercado. Además, no hay certeza de que represente una verdadera solución o avance en la lucha contra el déficit fiscal y la alta deuda pública”, comunicó la bancada.
Las siguientes son las 9 razones por los que el PUSC fundamenta su posición:
1-Valor: El proyecto no cuenta con un estudio técnico apropiado y una metodología adecuada que determine el valor real del banco. Se estima su venta en $1.785 millones, de concretarse la venta, este monto representa menos de un 3% en el pago de intereses de la deuda pública, por tanto, sería insuficiente para generar una respuesta de alto impacto a la disminución de la deuda. Adicionalmente, se plantea la venta por partes y no se toma en cuenta que más del 31% de las captaciones totales del Banco provienen del sector público, lo que provocaría un precio mucho menor de si se vendiera el conglomerado completo.
2- Fuerza laboral: No contempla qué sucederá con los 4.300 funcionarios de la institución, lo cual provocaría graves afectaciones económicas para las familias y aumentaría los índices de desempleo en el país. En caso de despidos, el pago de prestaciones sería aproximadamente de ₡20 mil millones
3- Aportes a instituciones públicas: Entre el 2019 y setiembre del 2002 se han aportado más de ₡123.237 millones a entidades como la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al Ministerio de Hacienda. El texto del proyecto simplemente no establece qué pasará con esas las cargas parafiscales que el BCR traslada por año como aporte social, lo cual podría provocar el desfinanciamiento de estas instituciones.
4-Subasta: El proyecto convierte al Consejo de Gobierno en accionista de la sociedad anónima, a la que se le trasladará los activos del BCR para su eventual venta. Esto es un órgano político integrado por el Presidente de la República y Ministros, y no está habilitado como un órgano de administración activa, sin que se establezcan esquemas de control y supervisión que generan una alta inseguridad jurídica.
5-Incertidumbre: No se preparó a la institución para la venta ni tampoco se tomó en cuenta el contexto actual, donde existe una contracción económica y tasas de interés altas, que implica una disminución en créditos y servicios bancarios.
6-Servicios: No se tiene claro qué pasará con los 11 servicios de carácter público que ofrece el banco, dentro de los que se incluyen licencias y pasaportes. Además de o algunos como “Puntos Tucán”, los cuales son una fuente importante de ingresos para negocios pequeños y profundizan la bancarización del ciudadano.
7-Fiscalización: El proyecto no toma en cuenta la participación de autoridades de la Comisión para promover la Competencia, ni de las Superintendencias (Sugef, Sugeval, Sugese y Supen). Además, la Contraloría General de la República ha sido clara en señalar ausencia de controles legales en las contrataciones para la venta y muchas de las disposiciones planteadas en el texto contravienen el principio de licitación y el control de los procedimientos constitucionalmente resguardados.
8-Fideicomisos: No especifica qué pasará con la administración de miles de millones de dólares en fideicomisos, que actualmente tiene el BCR en ejecución y desarrollo para la construcción de obra pública, con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial.
9-Transparencia: La venta se daría fuera de los principios de contratación pública, es decir, se contrataría a una persona o empresa para asesorar al Consejo de Gobierno, sin hacer uso de las normas que contempla la Ley de Contratación Administrativa. Además, no existe parámetros para definir el porcentaje de comisión que recibirían por la venta.
“Para nuestra fracción, privará siempre los intereses de la Patria en la toma de decisiones, por tanto, nos oponemos al texto del expediente 23.331, en razón de la importancia que reviste esta iniciativa para la institucionalidad nacional, consideramos que el texto que propone el Gobierno, carece de una ruta estratégica clara, transparente y genera incertidumbre”, finalizaron los socialcristianos.
