Limón, 30 ago (elmundo.cr) – En el marco del proceso de consulta de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque y Más, conocida como la Estrategia REDD+, los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), trabajan en conjunto con el objetivo de identificar estrategias para la inclusión de los pueblos indígenas como tomadores de decisión y partes activas en el tema de gobernanza forestal costarricense y soluciones ante el cambio climático durante la administración Solís Rivera
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), mediante el Programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha desembolsado un total de ¢3,275,533,439 a comunidades indígenas que se han comprometido con cuidar y salvar los bosques.
Con este esfuerzo, durante el período 2014-2017 los territorios indígenas han logrado incorporar un total de 41.258 hectáreas y han sembrado un promedio de 170.100 árboles en sus territorios.
Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía señaló que “actualmente, las áreas protegidas del país cuentan con grandes extensiones de terreno, y a pesar de la gran labor de los guardaparques para cuidarlos, nos quedamos cortos, por lo que la cooperación indígena ha sido fundamental en el proceso de salvaguardar los recursos naturales, los cuales también reciben recursos para el desarrollo de sus comunidades”, mencionó.
El PSA es uno de los principales ingresos para la gobernanza territorial, por medio de sus Asociaciones de Desarrollo., sin embargo, estas consideraron que este programa podría ser más provechoso, si se tomaba en cuenta su cosmovisión. Fue así como en el marco de REDD+, los indígenas propusieron un PSA Indígena, el cual se basa en el esquema actual del pago por servicios ambientales, pero tomando en cuenta la realidad de las comunidades indígenas.
Algunos de los elementos incorporados en este PSA Indígena, radica en que permite que en Áreas que hayan sido objeto de PSA en los últimos cinco años, no será necesario aportar un nuevo estudio técnico, ni un contrato de regencia forestal, así como que los contratos suscritos por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas no serán inscritos ante el Registro Nacional, lo cual ha significado a hoy para los territorios indígenas un ahorro de ¢18,533,780.53 y específicamente para las ADIS que forman RIBCA (territorios indígenas del Atlántico) un ahorro de ¢12,696,094.04.
