San José, 05 nov (elmundo.cr) – El subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, planteó que ante la parálisis legislativa que enfrenta el proyecto para atender la situación en Crucitas, el camino a seguir debe ser la consulta popular mediante un referéndum.
El legislador arremetió contra lo que denominó un «bloque obstruccionista» integrado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), a quienes responsabiliza de frenar el avance del proyecto de ley mediante la presentación de cientos de mociones en la Comisión de Ambiente.
«Si el bloque de oposición sigue frenando el proyecto en la Asamblea Legislativa, una opción, un camino adecuado es que sea el pueblo costarricense el que decida mediante el referéndum qué hacer en la zona. Así de sencillo», afirmó Quesada.
El diputado oficialista señaló que esta alternativa es una vía que, según indicó, está siendo valorada por la presidenta de la República, Laura Fernández. De concretarse, el Gobierno contaría con el respaldo total de la fracción del Pueblo Soberano para avanzar en una solución definitiva.
Crisis sin freno
Quesada insistió en que la situación en Cutris de San Carlos es insostenible. Según el legislador, la falta de una normativa clara permite que «los delincuentes sigan sacando el oro ilegalmente de Crucitas y llevándoselo fuera del país sin que el Estado reciba un solo colón», recursos que, a su juicio, podrían invertirse en el desarrollo de las comunidades de la zona norte.
«El crimen organizado tiene acaparada la zona y ahí hace lo que le da la gana», denunció el diputado, quien además alertó sobre el creciente desastre ambiental y la inseguridad que azota a la región, agravados por la extracción ilícita de minerales.
El proyecto de ley en cuestión, que ha sido objeto de más de 600 mociones por parte de la oposición, busca establecer un régimen jurídico especial para la zona, permitiendo la explotación regulada bajo estándares técnicos, una propuesta que sectores como el Colegio de Geólogos han respaldado como necesaria ante la inacción legislativa.
Por su parte, los diputados de oposición han rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones de obstruccionismo, argumentando que el uso de mociones forma parte del ejercicio democrático y de su labor de control político sobre una iniciativa que, según sectores ambientalistas, podría violar principios de no regresión ambiental.
