San José, 23 ago (elmundo.cr) – El proyecto de Ley que autorizaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a desarrollar obra pública no tiene un buen ambiente en la Asamblea Legislativa.
El Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana ya anunciaron sus potenciales votos en contra a la iniciativa, en los términos actuales en los que se encuentra el proyecto.
Según un sondeo hecho por EL MUNDO este lunes, 11 diputados ya tienen definido su voto en contra. El Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio lo votarán a favor, mientras que el Partido Liberación Nacional no está conforme con los términos actuales en los que está redactado pero aún no da el “no”.
Según Maureen Clarke, jefa de fracción del partido verdiblanco, el tema ya fue conversado a lo interno, sin embargo, mantienen conversaciones con cámaras empresariales que han externado su oposición o inconformidad con la redacción actual de la iniciativa del diputado Fabricio Alvarado.
Un grupo mayoritario de legisladores del PLN votaría en contra la iniciativa si se mantiene a como está hoy.
El proyecto fue dictaminado de forma unánime por la Comisión de Gobierno y Administración, pero de acuerdo con Clarke lo que los diputados creyeron que pasaría con la iniciativa, no está reflejado en el texto de la misma, por lo que valoran introducir cambios mediante mociones. “Teníamos claro qué queríamos en el momento en el que lo aprobamos (en la comisión) pero no quedó ahí, quedó muy abierto”, dijo.
“Tuvimos una reunión la semana pasada con Fabricio (Alvarado), nosotros y la Cámara de Construcción y estamos en eso; no hay prisa lo que se quiere es que salga el mejor proyecto posible”, agregó la legisladora.
Sin embargo dejó claro que la iniciativa tendrá que autorizar al ICE a usar su capacidad instalada a desarrollar determinada obra pública y no toda como se pretende con el proyecto, el cual inclusive permitiría a la institución construir escuelas o casas, cosa que se pretendía hacer antes de que el libertario Otto Guevara hiciera consultas jurídicas para determinar la legalidad de esas acciones, las cuales quedaron claro que no lo son, pues en las potestades que tiene la institución según su Ley constitutiva no está el desarrollo de obra pública ajena al sector de telecomunicaciones y electricidad.
“Tenemos que definir claramente la potestad que se le va a dar al ICE. No queremos mezclar la gestión en electricidad y telecomunicaciones con desarrollo de obra pública”, dijo Clarke.
Precisamente la amplitud interpretativa que tiene el proyecto de Ley dictaminado y enviado al Plenario para su conocimiento es el que tiene preocupado al sector privado, que afirma que no podrá competir en igualdad de condiciones con el ICE.
Y es que lejos de establecer mecanismos de licitación para que empresas privadas y el ICE oferten para el desarrollo de determinada obra pública, el proyecto lo que permitiría es que por mutuo acuerdo, instituciones estatales contraten al ICE para el desarrollo de las obras.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Vasquez afirmó que su partido está haciendo un análisis riguroso y que están empezando a tener reuniones con diferentes actores, incluidas cámaras empresariales y el propio Instituto Costarricense de Electricidad.
“Ciertamente el ICE nació para un tema y creo que no podemos cortarle las alas a una institución que ha querido volar más allá para lo cual fue constituido, me parece que cuando hablamos de igualdad de condiciones, no va a poder competir porque sabemos que las cargas sociales que tiene el ICE no le permitirá ciertamente trabajar entre iguales con la competencia en alguna licitación”, detalló el legislador.
Vásquez afirmó que el PUSC cree en la libre competencia, en el fortalecimiento de las instituciones estatales y en la llegada de mayores empresas extranjeras, pero que no considera justo poner por encima en oportunidades de desarrollar obra pública al ICE, por sobre la empresa privada.
“No es justo que se le den herramientas a una institución por encima de la empresa privada que es la que más genera. Antes de tomar una decisión hay que hacer una revisión minuciosa”, afirmó el diputado.
De acuerdo con el legislador, el ICE debe estar en las mismas condiciones que una empresa privada, para poder participar en licitaciones para el desarrollo de obra pública.
Asimismo recordó que esa institución tiene una planilla muy grande y por ende muchas cargas sociales, gerencias y administradores que a la hora de equipararlo con una empresa privada, sus salarios y capacidad de gestión serán mucho más cara, y por ende menos rentable que sacar a licitación las obras.
“Si esto queda así, prácticamente estamos diciéndole a las empresas privadas que nunca más van a poder competir, porque si se le da un porcentaje a la licitación para que sea la empresa pública, siempre la va a ganar el ICE; estaríamos desapareciendo la empresa privada”, concluyó Vasquez.
Similares argumentos mantiene el diputado Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario quien recordó además que muchos de los proyectos del ICE duplicaron y hasta triplicaron el costo inicial que se tenía proyectado.
Un reportaje de EL MUNDO reveló meses atrás que el Proyecto Eólico Valle Central, cuyo costo inicial era de $21 millones, al final fue de $53 millones para un sobrecosto de $32 millones. El Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior costaba inicialmente $93 millones y al final costó $333 millones, un sobrecosto de $240 millones. La Planta Hidroeléctrica Pirris, la cual se tenía previsto costara $300 millones al final fue $330 millones más cara, quedando en $630 millones.
Por esos proyectos, el ICE produjo un sobrecosto total de 602 millones de dólares. Otro ejemplo es que el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, próximo a entrar en completa operación, fue calculado inicialmente en $633 millones y hoy la obra tiene un costo de $1400 millones.
“No estoy en contra, estoy totalmente en contra”, dijo Guevara al ser consultado sobre los motivos que tiene para oponerse a la iniciativa.
De acuerdo con el legislador, este Gobierno por razones ideológicas considera que el Estado debe construir y hacer todo, por lo que tienen la intención de que el ICE construya toda la obra pública del país.
Guevara recordó que a raíz de que el Gobierno le dio al ICE la construcción en Paso Real de infraestructura civil para que se instalara una planta de asfalto, la construcción del puesto fronterizo de Tablillas y pretendía darle la construcción del Centro de Convenciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), todas las escuelas y colegios que se están construyendo con el fideicomiso educativo, el viaducto San José-Cartago y el tren eléctrico, hizo una consulta a la Procuraduría General de la República para saber si el ICE tenía competencias legales para hacer todas esas obras, a lo cual la respuesta fue negativa.
El libertario presentó un centenar de mociones al proyecto salido de la Comisión de Gobierno y Administración. “Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que ese proyecto no se apruebe”.
Entre sus motivos para oponerse, el legislador calificó al ICE como una de las empresas más ineficientes para la construcción, aunque reconoció que obras como el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón generan asombro nacional e internacional ante la magnitud de las obras.
“Estamos ante una de las obras más sofisticadas de Costa Rica. Uno puede decir, bueno puede ser que sea cierto pero hay dos preguntas que no se hacen: ¿cuánto costó? y ¿cumplió con los plazos? Las respuestas son: el ICE tarda dos o tres veces más de lo que tarda cualquier empresa privada una obra con esas características, por tanto sale más cara a lo largo del tiempo y nunca realiza una obra de acuerdo al presupuesto inicial”, detalló Guevara.
El diputado recordó que había una oferta de una empresa china por desarrollar y entregar el PH Reventazón por unos $900 millones, pero cuyo costo ahora llega a los $1400 millones.
“No es plata pequeña, estamos hablando de muchísimos miles millones de colones de más y un plazo de entrega muy superior al que se había pactado, con un costo para el país de que esa electricidad no estuviera disponible, etc. Por todas esas razones y el ICE porque al ser de todos no es de nadie, no debe meterse en la construcción de obra pública, donde además por el tema de la confidencialidad, no sabemos como van a manejar las cosas”, agregó.
En su lugar a este proyecto de Ley, Guevara propuso emplear los BOT (Build–operate–transfer/Construir, operar y transferir), con el proyecto Diquís.
“El ICE no debería construirlo, debería hacer un BOT pero que lo haga el sector privado a nivel internacional, hacer una licitación internacional, entregar lo que ya se tiene adelantado y que sean los particulares internacionales los que oferten, construyan y operen durante un número de años determinado y se ganen una utilidad por el proyecto y la inversión que hicieron”, dijo Guevara.
Según el legislador, la obra podría costarle a Costa Rica unos $2000 millones, por lo que el costo de cada uno de los 600 megas de electricidad que generaría la planta, costaría unos $3 millones.
“Eso lo puede hacer a nivel internacional un conglomerado grande. El ICE no tiene capacidad financiera, capacidad técnica de manejo de recursos con eficiencia y por tanto debería solamente supervisar el proceso constructivo. El ICE debe desmantelar su división de construcción que además está consumiendo muchos recursos que se pagan vía tarifas, por eso pagamos una electricidad tan cara en Costa Rica”, concluyó Guevara.
La iniciativa se encuentra en el Plenario de la Asamblea Legislativa, sin embargo mientras no supere las más de 100 mociones que le presentó el diputado libertario y las que presentarán diputados del PUSC y potencialmente de Liberación Nacional, no avanzará en la agenda.
