San José, 19 ago (elmundo.cr) – El proyecto de ley 23.766 establece que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tendría la potestad de bloquear a familias que ofrezcan sus casas y apartamentos en plataformas como Airbnb y VRBO por dos años.
La iniciativa prohíbe a las plataformas digitales permitir que los dueños de casas y apartamentos que no estén registrados ante el ICT ofrezcan sus servicios. Además, las municipalidades podrían colocar sellos de clausura en viviendas particulares.
“Es una propuesta totalmente desproporcionada que además va a generar un aumento de precios para el turista nacional”, señaló Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL).
El proyecto de ley, que ya había intentado prohibir que los turistas alquilaran casas por menos de siete noches, ha sido objeto de rechazo por parte de la ACL, que considera que viola los derechos fundamentales de los dueños de viviendas.
“El cierre de un negocio por Hacienda no supera los cinco días y aquí quieren dejar sin ingresos a familias por dos años”, afirmó Fernández.
El ICT y las plataformas digitales aún no se han pronunciado sobre el proyecto de ley, que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.
