Redacción, 28 set (elmundo.cr) – La diputada Presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos presentó un proyecto de Ley que obligaría a los patronos que despidan injustificadamente a un trabajador, pagarle todos los salarios caídos en caso de que este gane un juicio.
Se trata de una reforma al artículo 82 del Código de Trabajo que según la legisladora, pretende garantizar los derechos de las personas que tras ganar procesos judiciales por despidos injustificados, no reciben el pago total de los salarios que les correspondían de no haberse dado el despido.
En la actualidad, la norma establece que la cantidad de salarios caídos que se reconocen a un trabajador que resulte victorioso en un proceso judicial es de seis meses, sin embargo esos juicios suelen tardar hasta cuatro años.
“Corresponde a la Asamblea Legislativa cerrar los portillos legales que permiten la dilatación exagerada y malintencionada de los procesos judiciales en perjuicio de las y los trabajadores y en detrimento del propio sistema judicial”, dijo Mora Castellanos.
“Además de cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida, con esta modificación nos aseguramos que los patronos sean los primeros interesados en que los procesos se desarrollen con celeridad, pues de resultar condenados, deberán pagar por todos los salarios caídos y no por los de 6 meses nada más”, agregó.
De este modo, la cantidad de salarios que el patrono deberá pagarle al trabajador será la totalidad comprendida desde la fecha en que fue despedido, hasta que la sentencia judicial quede en firme.
Finalmente, el proyecto elimina la ridícula multa de 5 a 20 colones que se establece para aquel patrono que no pague los montos correspondientes a un trabajador, tras perder el juicio.
“En ese caso se trata de un monto insignificante y una disposición que prácticamente no se puede aplicar por ser anacrónica y desproporcionada”, dijo la legisladora.
El proyecto aún no ha sido asignado a una comisión legislativa, que deberá estudiarlo, realizar audiencias, dictaminarlo y luego enviarlo al Pleno del Congreso para que lo discuta y vote dos veces, antes de convertirse en Ley de la República.
