San José, 05 oct (elmundo.cr)- Mediante una misiva enviada a los diputados de la República más de 50 organizaciones, grupos y personas activistas dedicadas a la promoción, protección y garantía de todos los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, denunciaron que el proyecto de ley N° 22.530, LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AUTOBUSERO NACIONAL, “violenta la Constitución Política, Acuerdos Internacionales y Derechos humanos”.
Según se destaca de la Carta, “a raíz de la reciente aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos del proyecto de ley No 22.530, LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AUTOBUSERO NACIONAL, es de nuestro interés hacer de su conocimiento que la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad Ley N°. 8661, del 29 de setiembre del 2008, establece en su artículo 4 la obligación de todos los estados firmantes de generar políticas públicas y legislación en especial apego de los derechos de la población con discapacidad”.
Ante esto enfatizaron en que “las organizaciones aquí firmantes consideramos que el proyecto de ley N°. 22.530, al plantear una modificación del artículo 46 bis de la Ley 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, propone una modificación jurídica que afecta directamente a la población con discapacidad de todo el país, mucha de la cual depende del servicio público de autobuses para acceder a servicios básicos y oportunidades”.
“Sin embargo, durante el trámite legislativo de esta iniciativa se han obviado las disposiciones nacionales e internacionales que acuerpan a las personas con discapacidad, ya que no se ha realizado una consulta amplia y estrecha a las organizaciones de personas en situación de discapacidad por parte de quienes impulsan este proyecto para proteger al sector empresarial de autobuses, obviando lo establecido en la Observación General +7 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sobre la participación de la población con discapacidad”, aseveraron.
Para los firmantes “ante tales vicios de procedimiento, nuestras organizaciones se encuentran en valoraciones para realizar las consultas pertinentes a las Sala Constitucional y otras instancias nacionales e internacionales correspondientes, dado que en el proceso de dictamen de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos los diputados y diputadas faltaron a su deber y no consultaron a nuestro sector, a pesar de que la ley que pretenden reformar se refiere específicamente a nuestros derechos (Ley 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)”.
“Dicha ley fue creada en el año 1996, por lo que el sector empresarial autobusero ha contado con 26 años para garantizar condiciones de accesibilidad adecuadas en los autobuses, sin embargo, a la fecha aún seguimos esperando que estas disposiciones se cumplan a cabalidad, por lo que solicitar una nueva prórroga en la vida útil de los autobuses sin verificar el estado actual de estas unidades atenta contra nuestros derechos”, apuntaron
De igual forma hicieron hincapié en que “la accesibilidad en los servicios públicos es una parte esencial de los derechos humanos, especialmente en el transporte público ya que este es un medio imprescindible para el ejercicio de todos los derechos de las personas en situación de discapacidad. La ausencia de transporte público accesible puede tener claramente como resultado la discriminación y esto lo señala el artículo 5 de la Convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad”.
Sumando a lo anterior hemos identificado varias irregularidades en el proyecto de interés, mismas que enumeramos a continuación:
- El proyecto no señala ningún criterio técnico que asegure el buen funcionamiento de los autobuses por 5 años más, ya Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que la reforma no se basa en estudios técnicos que sustenten la modificación.
- El proyecto de ley se fundamente como medida de recuperación postpandemia en favor del empresariado de autobuses de ruta regular, sin embargo, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, ley No.7600, está vigente desde el año 1996, año en el cual se prorrogó por primera vez mediante ley la vida útil de los autobuses, mucho antes de la pandemia.
- El proyecto de ley 22.530 violenta los Art. N°22, N°33 y N°51 de la Constitución Política.
- El proyecto de ley violenta el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- El proyecto de ley violenta el art. 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
- El proyecto de ley violenta los Art. 4 punto 1. Inciso b), d), e), Art. 5, punto 1, 2 y 3, Art. 9, punto 1 y punto 2, inciso b); Art. 12, punto 2, Art. 14, punto 1, inciso a), Art. 20, inciso a), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N°8661.
- El proyecto de ley violenta los Art. 1.2, 111.1, inciso a), b), y c) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, N°7948.
- El proyecto de ley violenta los Arts. 1, 3, 4, incisos a), b), c), d); art. 5 y art. 45 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N”7600.
- El proyecto de ley no ha sido consultado a las organizaciones y personas con discapacidad, tal y como lo establece el Art. N°4, punto 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, N°8661 y el Art°13 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600.
“Es por todos los vicios de forma y de fondo antes señalados que vemos con extrema preocupación el avance del proyecto 22530, ya que el mismo lesiona de manera negativa los Derechos de las personas en situación de discapacidad. Hacemos un llamado a los señores y señoras diputados para que rechacen este proyecto y prioricen la accesibilidad universal en todos los aspectos de la política pública nacional”, concluyeron.
