San José, 6 mar (elmundo.cr)- Los diputados verdiblancos Daniel Ulate y Karine Niño presentaron a la corriente legislativa una iniciativa de ley que busca modificar el código municipal y darle un rol activo a la figura de los vicealcaldes.
Ante el volumen de trabajo y acciones que debe cumplir el alcalde surge la figura del primer vicealcalde, éste es un funcionario de tiempo completo y su salario se basa en el equivalente al 80% del salario base del Alcalde, de acuerdo al artículo 20 del Código Municipal.
“Es en el marco de crear los apoyos necesarios para la autoridad local que surgen las figuras de vice alcaldías, pero en el caso de del segundo vicealcalde, hoy día no percibe remuneración alguna y la ley adolece del no ofrecerle ni funciones ni salario, sin embargo, tiene la obligación de sustitución del Alcalde propietario cuando el primer vicealcalde tiene imposibilidad de ejercer, es decir son figuras meramente decorativas que se colocan sobre el papel muchas veces para cumplir cuotas o compromisos, pero no son funcionales ni tampoco se dignifican”, señaló Niño.
Para Ulate la práctica ha demostrado que en muchos municipios aunque al primer vicealcalde le hubieren sido dadas sus funciones por el alcalde estas no son tan amplias como se esperaría, y está de más hablar de la condición del segundo vicealcalde quien posiblemente pudiendo aportar acciones, conocimientos y experiencias carece de funciones y de salario.
“Lo primero que se debe hacer es balancear los ingresos percibidos por los vicealcaldes de forma tal que se dignifique la figura del segundo vicealcalde. Dada la situación actual el primer vicealcalde pasaría de percibir el 80% del salario base del Alcalde a recibir el 60% y el segundo vicealcalde el 20%. Es decir no se estaría generando más gastos o recursos, si no que del presupuesto establecido se generaría una redistribución”, concluyó Niño.
Se descarta para la segunda vicealcaldía percibir rubros relativos a prohibición, dedicación exclusiva, o semejantes, por cuanto se pretende una incorporación necesaria que no implique un golpe financiero significativo sobre todo en las municipalidades que cuentan con menos recursos.
