San José, 11 jun (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) advierte que el proyecto n°19.245 que se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios contiene excesos que ponen en riesgo, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas.
Bajo el nombre de ‘Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal’, el texto da herramientas para que la Dirección General de Tributación embargue bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes en condición de morosidad, sin que sea necesaria la orden de un juez.
Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP, indicó que “UCCAEP, como representante del sector empresarial formal, apoya las herramientas para combatir el déficit fiscal, pero advierte a los costarricenses sobre intereses ideológicos que atentan contra la institucionalidad del país, como por ejemplo, tratar de eliminar las competencias del Poder Judicial”.
Además, el proyecto en mención permite que los funcionarios de la Dirección General de Tributación tomen posesión del dinero depositado en cuentas bancarias de los contribuyentes; se podrían ejecutar embargos mediante subastas o adjudicación directa.
“El sector productivo es consciente de la necesidad de resolver el déficit fiscal, que no ha sido causado solo en esta administración, pero consideramos que proyectos como este no resuelve uno de los problemas de fondo, que es el combate a la informalidad, que obligue a pagar a quienes hoy evaden al fisco, y más bien se oprime más a quienes hoy pagan”, agregó Jiménez.
“Los excesos que contiene el proyecto ponen en riesgo principalmente a los pequeños y medianos empresarios, pues ellos no podrían hacer frente a embargos de bienes o cuentas bancarias; y son ellos los que componen el 95% del total de empresas del país”, indicó el jerarca de UCCAEP.
La Unión de Cámaras por su parte hace un llamado a los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios para que hagan los cambios necesarios al proyecto, respetando los lineamientos que hoy dicta nuestra legislación y sin poner en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas y los miles de empleos que hoy generan.
