Proyecto busca que los privados de libertad trabajen en obras viales

Los privados de libertad que reciban el beneficio de pasar al régimen semi-institucional, ayudarán a reparar o construir las calles.

Los privados de libertad que reciban el beneficio de pasar al régimen semi-institucional, ayudarán a reparar o construir las calles.

San José, 9 dic (elmundo.cr) – Un proyecto de ley presentado por la diputada Patricia Villegas pretende emplear a personas privadas de libertad en el mantenimiento y construcción de infraestructura vial.

En el proyecto se plantea hacer una reforma a la Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal,  que permita al Ministerio de Justicia y Paz obtener los recursos presupuestarios necesarios para crear un fondo exclusivo para la estructuración y ejecución de un proyecto de trabajo ligado de manera exclusiva al desarrollo de convenios con las Municipalidades  y el Ministerio de Obras Públicas en el área de mantenimiento y construcción de infraestructura vial para la población con la modalidad de apremio corporal y para las poblaciones penitenciarias de próximo egreso y del régimen semi-institucional.

Además, las personas beneficiarias de estos programas recibirían remuneraciones que serían depositados a sus familias.

El proyecto busca dar oportunidades ocupacionales en el área de mantenimiento y construcción de infraestructura vial   que se desarrollaran en convenio con las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes  a los privados de libertad  de próximos egresos, del régimen semi-institucional  y  en el caso concreto  de los apremiados corporales para que obtengan incentivos económicos que les puedan servir eventualmente  para el pago de la pensión adeudada y obtener la libertad.

El diputado Dragos Dolanescu presentó anteriormente una propuesta en la misma línea, sin embargo la ministra de de Justicia, Fiorella Salazar señaló que el proyecto era inconstitucional.

«El proyecto iría en contra de las reglas mínimas de tratamiento para las personas privadas de libertad aceptadas por Naciones Unidas a las cuales está suscrito el país y a Jurisprudencia de la Sala Constitucional», explicó.

Esta propuesta fue respaldada por diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, además del independiente Dragos Dolanescu.

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