San José, 3 ago (elmundo.cr) – Las diputadas, Paulina Ramírez, de Liberación Nacional y Gloria Navas, de Nueva República, presentaron el proyecto de ley expediente 23.259, el cual pretende la modernización, simplificación y armonización del sistema de arbitraje y contribuir a disminuir la carga de trabajo del Poder Judicial en asuntos patrimoniales, pues promovería el uso eficiente de este mecanismo como una vía alterna adecuada.
La diputada Paulina Ramírez explicó que “el uso del arbitraje reduce la carga de trabajo de los tribunales civiles, pues un caso que se presenta ante una instancia de estas equivale a un asunto menos en el escritorio de un juez pagado por todas y todos los costarricenses”. Para ella “mejorar nuestra normativa en cuanto al arbitraje contribuye, entonces, a descongestionar las sedes judiciales que presentan problemas de acumulación de trabajo y mora”.
A criterio de la congresista Gloria Navas “los principios que informan la solución de conflictos constituyen un avance eficaz en torno a las relaciones comerciales y contractuales de previo a la competencia jurisdiccional”. Según la legisladora “se trata de una justicia más pronta y más cumplida por la celeridad en la solución de conflictos. Ya se estila en Costa Rica desde hace muchos años pero debemos ampliar esas expectativas a nivel internacional”.
La propuesta, mediante unas reformas sencillas pero de gran alcance, pretende pasar de un dualismo a un cuerpo normativo armónico, de fácil interpretación y aplicación, y uniforme en materia de arbitraje. Otorga a las personas árbitras la facultad de dictar medidas cautelares.
Paulina Ramírez y Gloria Navas, quieren que no se limite la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a la selección del idioma y de los árbitros y de las árbitras, otorgándoles mayores libertades para conducir el proceso arbitral de manera eficiente.
Además, con la iniciativa, las proponentes procuran que se activen para el arbitraje nacional las salvaguardias procesales internacionales, que ayuden a reducir el riesgo y los efectos de las mal intencionadas tácticas dilatorias.
De acuerdo con Navas y Ramírez, estas modificaciones ayudarían a desjudicializar el proceso arbitral, dejar atrás un sistema lento, dualista, desactualizado y acoger un sistema único en línea con las mejores prácticas internacionales y en especial descongestionar los tribunales, facilitar el comercio internacional y ahorrar recursos públicos al Estado, a través de un cuerpo normativo arbitral coherente, útil y equitativo para las partes.
