San José, 3 jul (elmundo.cr) – Seis de los nueve diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propusieron, la tarde de este martes, facultar la creación de uniones civiles entre personas del mismo sexo para tutelar los derechos patrimoniales de estas parejas.
Los legisladores que no dieron su apoyo para este proyecto fueron María Evita Monge, Shirley Díaz y Óscar Cascante.
Esta propuesta se cobija bajo el expediente 20.888 “Ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo”.
La diputada María Inés Solís mencionó que como agrupación política creen en la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas por sus preferencias sexuales.
“Para nosotros el matrimonio queda reservado para hombre y para mujer, y estamos utilizando la figura de uniones civiles para que las personas del mismo sexo puedan tener todos sus derechos cubiertos”, dijo Solís.
Por su parte, el jefe de fracción del PUSC, Erwen Masis señaló que espera que dicha iniciativa tenga el apoyo de las otras fracciones para poder garantizarle los derechos a las parejas del mismo sexo.
“Me parece importante que ya se materialice y a partir de ahora generar ese marco jurídico que regule este vacío existente en nuestra legislación. Yo esperaría que este proyecto sea aprobado y que cuente con el respaldo de las más fracciones”, manifestó Masis
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez indicó que estudiará la propuesta a fondo, pero estaría de acuerdo con un texto que realmente garantice “todos los derechos”.
“Tengo entendido que el proyecto si está incluyendo el reconocimiento de todos los derechos igualitarios para las parejas del mismo sexo; si es así, me parece que es un avance positivo y me parece positivo que otra fracción legislativa también quiera aportar a la discusión del tema”, señaló Sánchez.
Los legisladores socialcristianos expusieron que dicho proyecto también emana del pasado congreso ideológico del partido asumiendo la posición de la Iglesia Católica y también con la del Poder Judicial y lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
