San José, 10 oct (elmundo.cr) – Un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa pretende crear una certificación para acreditar a las empresas, instituciones, asociaciones y organizaciones civiles que promuevan el turismo enfocado en todas las personas, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad.
Se trata del expediente 23.385 propuesto por el diputado Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), que además busca articular acciones entre el sector público y privado, atraer inversiones y establecer una estrategia de comunicación y mercadeo enfocada en promover el turismo para todas las personas.
“Con este proyecto pretendemos crear incentivos para que nuestro país pueda convertirse en un destino donde todas las personas podamos hacer turismo y donde la promoción y la infraestructura turística permita a la población que tiene limitaciones obtener acceso con la mayor facilidad”, expresó el diputado Diego Vargas.
“Posicionar a Costa Rica como un destino turístico accesible para todas las personas, también traerá importantes beneficios económicos en el proceso de recuperación del sector luego de la pandemia del COVID-19”, agregó el legislador.
Vargas detalló que el turismo accesible y adaptado ya tiene un impacto económico de más de 58 millones de dólares solo en Estados Unidos, y según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el mercado potencial de las personas con discapacidad dentro de la Unión Europa es de más de 80 millones de personas, número que se eleva a 130 millones si se suma a las personas mayores y sus acompañantes.
El proyecto plantea crear una certificación con rango de ley para favorecer el crecimiento de la igualdad de oportunidades para el disfrute de la oferta turística actual.
Asimismo, crea el Consejo Consultivo de Turismo para todas las personas, adscrito al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que entre sus funciones tiene establecer estrategias para la implementación de programas o planes que promuevan el turismo accesible para todos.
La iniciativa consta de 3 capítulos. El primero que explica la naturaleza de la ley y establece sus fines; el segundo se refiere al desarrollo de procesos de capacitación y de la certificación; y en el tercer capítulo se propone la creación del Consejo Consultivo de Turismo, que estaría conformado por el ICT, la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven (CPJ), la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Presidencia Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Red Costarricense de Turismo Accesible, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), y tres representaciones de organizaciones sociales a favor de los derechos humanos de las distintas poblaciones.
