San José, 28 oct (elmundo.cr) – Diputados de la Asamblea Legislativa recibieron este 28 de octubre un almuerzo simbólico con una porción reducida de arroz, en un llamado de atención de los productores nacionales sobre la crisis que enfrenta el sector. La iniciativa buscaba visibilizar el impacto de la caída en la producción nacional, que ha sufrido un descenso significativo desde agosto de 2022.
El plato servido a los legisladores contenía un 60% menos de arroz de lo habitual, representando la desaparición de más de 21.000 hectáreas de siembra desde la implementación de nuevas políticas gubernamentales. Estas políticas, implementadas a partir de agosto de 2022, incluyeron la reducción de aranceles de importación y la eliminación del esquema de fijación de precios internos.
La reducción de aranceles, que pasó de un 35% a un 3,5% para el arroz en granza y a un 4% para el arroz pilado, abrió el mercado a granos importados de países con altos subsidios. Esto ha resultado en una disminución del 60% en las hectáreas cultivadas en el país y una caída del 57% en la producción nacional entre los ciclos 2021/22 y 2024/25. Actualmente, el 85% del arroz consumido en Costa Rica es importado, mientras que solo el 15% es de producción nacional.
A pesar de estas medidas, los consumidores no han visto una reducción significativa en los precios. Según datos del INEC, el precio del arroz ha aumentado un 4,33% en los últimos 37 meses. Esta situación plantea interrogantes sobre quiénes se han beneficiado realmente de estas políticas.
En este contexto, el proyecto de ley 24.211, conocido como FONARROZ, busca proteger la seguridad alimentaria y dinamizar la economía rural. El proyecto propone un programa de apoyo para los productores de arroz nacional y la nivelación del precio del saco de arroz en cáscara. Este fondo estaría financiado por las importaciones y los propios productores.
Los productores arroceros instan a los diputados a tomar una decisión que garantice la continuidad de la producción nacional de arroz, un elemento fundamental de la gastronomía y la cultura costarricense, y que proteja los empleos rurales y las cadenas productivas asociadas.