San José, 09 sep (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG) manifestó su “más rotunda oposición” al Proyecto de Ley N.° 24.103, denominado “Promoción de la inclusión financiera mediante la flexibilización de microcrédito”, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con la organización, la iniciativa “no es más que un argumento para aumentar groseramente las tasas de interés a los costarricenses más empobrecidos”, afectando a quienes hoy mantienen créditos de hasta ¢1.382.000, ya que “aumentándoles a todos esos deudores la tasa de interés desde 36,65% y llevándola al 51,74%, más de 15 puntos porcentuales”.
La UNAG, que dice representar a más de 60.000 pequeños productores agropecuarios, enumeró varios motivos para rechazar el proyecto:
- “No hay proyectos dentro de las actividades agropecuarias que deparen unas tasas de rentabilidad del 53%”, por lo que consideran inviable que el sector pueda asumir incrementos de esa magnitud.
- Cuestionaron el uso del microcrédito, pues “lo que vive la población costarricense es un acoso crediticio descomunal para atorarles crédito de consumo, jamás para concederles crédito productivo”.
- Criticaron que el país carezca de una legislación clara que distinga entre crédito de consumo y crédito productivo, y afirmaron que “este proyecto no es más que un disimulo muy mal fundamentado para encarecer la vida de miles de costarricenses”.
- Señalaron que “no es cierto la inclusión financiera se logra aumentando tasas de interés”, sino con medidas como el uso de avales, compras estatales a productores nacionales, pagos oportunos y un mayor impulso a la Banca para el Desarrollo.
- Según datos del Banco Central, a abril de 2025 el crédito para consumo ascendía a ¢8,5 billones, equivalente al 34% del crédito total. Ante esto, la UNAG advirtió que “si solo fuese ¢1 billón el monto que viera incrementar las tasas de interés en los 15 puntos señalados, los prestamistas se estarían embolsando ¢150.000 millones anuales”.
- Finalmente, recordaron que la legislación prohíbe otorgar préstamos a personas sin capacidad de pago y que prácticas de este tipo son consideradas usura. “Siendo que, legalmente solo se permite prestarle a personas con capacidad de pago ¿por qué razón debe cobrárseles tasas de interés abusivas?”.
La organización concluyó solicitando a los diputados “archiven el Proyecto 24.103, y otros que igual que el anterior van en la misma línea de satisfacer intereses de lucro exagerado, aprovechando las necesidades que vive la población”.
