San José, 28 may (elmundo.cr) – La Procuraduría General de la República compartió su criterio del proyecto de Ley 23.308 presentado por la actual administración y que tiene como objetivo un tope en el precio de los combustibles.
El texto del proyecto establece que la gasolina súper tendría un techo de ¢950, la regular ¢900 y el diésel de ¢870.
El informe de la Procuraduría concluye que el plan establece un subsidio no progresivo que resulta contrario a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en esta materia.
La Procuraduría recomienda a los diputados consultarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) el criterio sobre el plan.
Cuando se presentó la propuesta, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, detalló que el financiamiento del proyecto provendría de partidas asignadas anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
