San José, 13 mar (elmundo.cr) – La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) abrió una investigación preliminar contra el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde; la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo; la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano; y el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier Kruse; además del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alexander Solís Delgado.
Según informó Amelia Rueda los jerarcas fueron denunciados por mantener vínculos con una asociación a la que la CNE compró la preparación de paquetes de víveres por ¢662 millones para su distribución a población vulnerable durante la pandemia por coronavirus; por lo tanto figuran como sospechosos de enriquecimiento ilícito en la causa penal 21-000010-0033-PE.
El regidor Diego Miranda Méndez, representante en el Concejo Municipal de San José por parte de Juntos Sjo, fue quien presentó la denuncia aseverando que ha «venido dando seguimiento a las compras que se han venido dando desde la Comisión Nacional de Emergencia, de los diarios y comestibles durante la Pandemia, en la investigación que he venido haciendo durante algunos meses me di cuenta que se contrato por más de 600 millones a una asociación privada».
Miranda aseguró que «en la junta directiva de esa asociación privada hay vínculos directos e indirectos con cuatro ministros del gabinete de Carlos Alvarado, esos ministros son Andre Garnier, Elían Villegas, Pilar Garrido y Silvia Lara».
Amelia Rueda solicitó entrevistas sobre el tema a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara y al presidente ejecutivo del CNE pero ambos se negaron aduciendo que está en una investigación penal.
Sin embargo, Solís recalcó que los “procesos de contratación fueron llevados a cabo apegados a la normativa vigente en la Ley de Contratación Administrativa y los reglamentos que operan en los procesos de contratación por emergencia”.
Por su parte Garnier consideró que la denuncia en su contra es “infundada” y negó tener participación en la contratación especial efectuada por el órgano adscrito a la Presidencia de la República, de igual manera, se puso a las órdenes de las instituciones que lo investigan.
