San José, 20 nov (elmundo.cr)- El procurador General de la República, Julio Jurado Fernández, advirtió esta tarde, que el expediente 21.578 reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), podría tener roces con la Constitución Política.
Jurado Fernández, compareció junto con Nuria Méndez, directora Ejecutiva del Conesup, para que ambos se refirieran a la iniciativa, que actualmente se encuentra en estudio por parte de la comisión, en este sentido dijo que este proyecto establece un nuevo artículo 5 donde se incluye la obligación para las universidades privadas que han sido autorizadas que se acrediten nuevas carreras universitarias.
“Nosotros pensamos que este artículo podría tener roces de constitucionalidad en la medida en que solo es para las universidades privadas, plantea un tema asimétrico con respecto a las universidades públicas y no tendrían esta obligación de acreditarse como institución o acreditar sus carreras”, aseguró el procurador.
La diputada Patricia Villegas señaló que, si se le obliga acreditarse ante el Conesup a las universidades públicas, se caería en el mismo tema de roce constitucional, según los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, en este sentido Jurado indicó que este tema es otro escenario, ya que, si esa discriminación se quiere resolver incluyendo a las públicas, ahí se abre otro frente de discusión de la constitucionalidad de esa obligatoriedad.
Nuria Méndez, del Conesup, dijo que lo más importante es el fortalecimiento de la institución, incluyendo más agilidad a diferencia de como está la ley actualmente que data de 1981.
La diputada Yorleni León consultó sobre los parámetros y los alcances que tiene el Estrado costarricense para regular la materia privada, en este caso las universidades, Jurado Fernández señaló que el régimen jurídico para las actividades de los sujetos privados rige el principio de libertad, sin embargo, eso no implica que el Estado no pueda poner requisitos al ejercicio de esas actividades.
La iniciativa de ley busca fortalecer el actuar del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior disponiendo que el acto de autorización de una universidad privada conlleve el deber legal de asumir y dar cumplimiento a la norma académica nacional de calidad, tendiente a la obtención de su acreditación institucional ante el Sinaes o ante una agencia reconocida por este.
Además, se propone que los planes de estudio de las universidades privadas deberán ser actualizados por lo menos cada cinco años.
Asimismo, la iniciativa habilita la adecuada articulación del Conesup dentro de este proceso, y reconoce la relevancia del esfuerzo de mejoramiento continuo de las carreras de educación, derecho, salud, arquitectura e ingenieras; y el papel crucial del Sinaes, y busca la acreditación de la oferta total de las universidades privadas, en un plazo no mayor a diez años.
