Puntarenas, 22 sep (elmundo.cr) – Estar en el medio de los grandes complejos turísticos del Pacífico Central le estaría resultando a 800 familias el riesgo de ser desplazadas por el interés de algunas sociedades cuyos movimientos de compra o venta de esos terrenos no tienen evidencia en el Registro Público.
Estos terrenos, son los que corresponden a las “Parcelas de Herradura”, cuyos límites al oeste es con la Marina y Complejo Turístico Los Sueños; al norte con “Villa Caletas”, al este con “Arenas” y al sur con el Centro Comercial “Plaza Herradura”.
Se trata de 517 hectáreas apetecidas por representantes de estas sociedades que desde el año 2018 han llegado acompañados de la Fuerza Pública para llevara cabo desalojos a familias de este sector.
Los primeros expedientes de desalojos datan del 2007 cuando se desalojaron y demolieron 75 viviendas; 47 hogares demolidos en el 2015 y en mayo de este año 22 familias corrieron el mismo destino.
Los años han pasado y en donde habían casas solo están los escombros y ruinas donde antes vivieron familias.
De hecho, de acuerdo con datos oficiales de parte de la Escuela Líder de Herradura, este año 144 niños matriculados en este centro educativo, quedaron sin el techo donde vivían porque a sus padres les demolieron sus casas.
El génesis de esta situación se da porque estas tierras nunca se han inscrito en el Registro Público pero los pobladores de “Las Parcelas” tienen planos donde indican que es propiedad del IDA – ahora Inder -, en posesión del nombre de la persona titular.
En los años 1950, 1960, 1962 y 1974 las fincas que componen estas 517 hectáreas nacieron jurídicamente por “Información Posesoria” pero nunca fueron inscritas ante del Registro de la Propiedad.
La Defensoría de los Habitantes ha intervenido en favor de los pobladores en los procesos de desalojo al tiempo en que sigue con el acompañamiento para que el Inder les conceda una audiencia para exponer la defensa al derecho de posesión garantizado en la ley #2825 de Colonización de Tierras.
Los artículos 92 y 94 de esta ley indican que el único mediador entre un dueño registral y un poseedor es el Inder quien debe resolver el conflicto.
Y los vecinos necesitan que el Inder se pronuncie y elimine de acuerdo a ley las amenazas de expulsión y la destrucción de sus viviendas que los agobian.
Pero la amenaza de perder sus casas sigue latente porque estas sociedades se presentan al sitio para desalojar sin previo aviso, tal y como ha ocurrido en mayo anterior.
Al parecer estas 800 familias, “estarían estorbando” a más desarrollos inmobiliarios de gran envergadura y lujosos proyectos, evidenciándose el proceso de gentrificación en Herradura.
¿ Será que estamos ante una situación parecida al Jobo de La Cruz, en el Pacifico Central ?
