San José, 25 may (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, lamentó que el caso Diamante quedara en nada y que los alcaldes implicados volvieran a sus cargos, a pesar de los hallazgos que generó la investigación legislativa preliminar .
Para la congresista, es sumamente preocupante el hecho de que seis alcaldías contaran con pruebas de corrupción o sobornos. En su control político, Vindas sostuvo que dentro de los recibido por los alcaldes hubo dinero, vehículos, viviendas, entre otros temas, en su mayoría por parte de la empresa MECO, cuyos empleados y altos jerarcas tenían contacto con las alcaldías y funcionarios de la municipalidad.
Los alcaldes de San José, Cartago, Alajuela, Osa, Escazú, San Carlos, Siquirres y Golfito, fueron los implicados en el tema de la presunta corrupción, hecho por el cual, fueron separados 6 meses de su cargo y la retención de sus salarios fue otra medida impuesta. Las medidas cautelares finalizaron y en su gran mayoría los mismos fueron recibidos en sus municipalidades.
“Si me acusaran de corrupción, yo no volvería con bombos y platillos, no tendría la vergüenza. Es una falta de respeto para todas las personas que pagan sus impuestos”, manifestó la legisladora. También agregó, que básicamente se burlaron en sus caras porque las pruebas están.
La diputada agregó un punto que considera no se ha valorado a fondo y es el temor de las personas trabajadoras de las municipalidades a denunciar, puesto que indicó que existe el temor por parte de funcionarios en Osa, Golfito, San Carlos y Cartago, ya que indican aunque existe la ausencia de los alcaldes, tienen funcionarios dentro de las municipalidades que siguen informando a las alcaldías de lo que acontece dentro de los municipios.
“Considero muy grave lo que se está llevando a cabo en las municipalidades de nuestro país. Tenemos 8 municipalidades y lastimosamente pueden haber más casos de corrupción, no en temas viales, pero sí en temas de licitación pública y uso de fondos públicos que pagan todas las personas de este país”, agregó Vindas.
Concluyó diciendo “no puede ser posible que don Johnny Araya volviendo a su puesto como alcalde, era recibido con un carro nuevo de agencia, con un valor de $85 mil dólares, pagado con fondos públicos por los habitantes del cantón central. Lo que hizo fue devolver el carro modelo 2017 que sirvió como prima para comprar uno nuevo, 4×4 pick-up que ni cumple con las necesidades del cantón central, por lo cual no se justifica el cambio de vehículo con estas características. Por esto les solicito no solo como diputada, si no como una ciudadana más continuar con la investigación de este caso, porque la comisión anterior tuvo hallazgos alarmantes”.
