San José, 27 ene (elmundo.cr) – El ingeniero Rolando Araya, en una entrevista para EL MUNDO, se refirió a la noticia de que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado en contra de una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud a su persona.
Sala Constitucional anula orden sanitaria contra Rolando Araya
Araya aseguró sentirse satisfecho y destacó que “estamos en un país donde se respetan las leyes y la Constitución, y eso era propio de una dictadura sanitaria, impropio de un país democrático como Costa Rica”.
“Yo tengo formación profesional para dar criterio de lo que significa una sustancia como esta, pero mi insistencia es que viendo la evidencia, el testimonio que dan miles de médicos en todo el mundo, que pueden dar centenares de médicos en Costa Rica, que podrían dar miles de costarricenses que han tenido experiencia con el dióxido de cloro que cómo es que se niega a hacer pruebas, si es algo absolutamente inocuo y que podría salvar vidas”, agregó.
El político reiteró sentirse muy contento ante la resolución “porque lo que pretendían era callarme como si estuviéramos en la Edad Media cuando había solo una verdad y aquellos que contradecían esa verdad eran quemados en la hoguera”.
“Bueno a mí me amenazaron con juicios penales en caso de que yo siguiera hablando de este tema, pero me parece que es una barbaridad, estando en juego el derecho a la vida, no se haga el más mínimo intento por llamar a los médicos que tienen experiencia en eso, por diseñar las pruebas porque ya se ha probado que el dióxido de cloro es absolutamente inocuo, es más peligroso un agua dulce que el dióxido de cloro”, agregó.
Asimismo, Araya indicó que “eso no tiene ninguna ningún efecto secundario ni negativo para el consumo humano”.
“Por qué siendo así no se hacen las pruebas, esa es mi exigencia, se está muriendo mucha gente y tienen paralizado en economía innecesariamente”, añadió.
Para el liberacionista el fallo de la Sala Constitucional le restituye el derecho de seguir insistiendo “en exigir que se hagan las pruebas científicas, que no costaría mucho, para saber con claridad qué son los resultados y cómo se puede aplicar para evitar seguir sufriendo los efectos humanos, sociales y económicos de una crisis sanitaria como la que ha generado coronavirus”.
Araya afirmó que a lo que recurrió fue “a la libertad de expresión y el derecho que tiene cualquier ciudadano de dar su opinión libremente en torno en cosas que son tan esenciales como la vida humana”.
Concluyó recalcando que no se pidió en ningún momento que se refirieran sobre la eficacia o la ineficacia del producto.
