Heredia, 20 feb (elmundo.cr) – El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) podría ver interrumpidas sus labores de monitoreo de amenazas naturales debido a la suspensión de recursos del Fondo Nacional de Emergencias en 2023.
La caducidad del Transitorio I de la Ley N.8488, que garantizaba el financiamiento para el mantenimiento y expansión de las redes de monitoreo, ha dejado al Ovsicori sin un mecanismo estable de financiamiento.
Esta situación pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias y la coordinación con otras instituciones. Esteban Chaves, director del Ovsicori-UNA, destacó la importancia de los recursos provenientes del Transitorio de la Ley de Emergencias, que permitieron logros como el seguimiento a la actividad eruptiva del volcán Turrialba, la anticipación del terremoto de Nicoya en 2012 y la alerta temprana en la actividad del volcán Poás en 2019 y 2024.
“El logro más reciente corresponde al sistema de alerta temprana de terremotos, manejado con la red sismológica digital y la transmisión de datos en tiempo real”, añadió Chaves.
El director enfatizó la necesidad de más instrumentos y sitios de monitoreo para asegurar una cobertura adecuada en el territorio nacional, incluyendo la vigilancia de los volcanes activos de Costa Rica. Actualmente, los científicos del Ovsicori trabajan en la anticipación de un terremoto con magnitud entre 7,2 y 7,4 en la península de Osa.
Para solucionar esta problemática, la diputada Rosaura Méndez Gamboa (PLN) presentó el proyecto de ley “Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.8488”.
Este proyecto, con expediente 24.738, propone un financiamiento permanente para el Ovsicori-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la UCR y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El financiamiento provendría del 0.60% de las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines, lo que representaría cerca de ¢2.000 millones.
El Ovsicori recibiría el 35% (¢600 millones anuales) para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos. El proyecto ingresó a la Comisión de Asuntos Hacendarios el 18 de febrero de 2025.
