San José, 07 oct (elmundo.cr)-El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, no atendió nuevamente a la prensa que aguardaba para entrevistarlo en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se llevó a cabo la convocatoria de cara a las próximas elecciones municipales.
EL MUNDO, al igual que otros medios de comunicación, requerían unos minutos del tiempo del mandatario para realizarle algunas consultas; sin embargo, una vez finalizada la actividad, Solís salió rápidamente por una puerta que se encontraba a un costado del auditorio.
De este modo, y a un día de darse a conocer los resultados del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el acceso al máximo jerarca del Ejecutivo se vio restringido por la premura con la que salió del recinto.
La SIP catalogó este período como uno de los “más negros en la historia del periodismo costarricense”.
“Preocupa la tendencia del Gobierno nacional a ejercer control o negar la entrega de información pública. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social se vio obligada a entregar información sobre salarios en el sector público después de que lo solicitó el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, basado en una resolución de la Sala Constitucional de marzo del año 2014, que determinó que el salario de los funcionarios es información pública”, expresó la organización internacional.
La Sociedad recordó que la Sala Constitucional acogió recursos de Diario Extra y del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, donde obligaba a Casa Presidencial entregar información negada en un principio por razones de secreto de Estado, sobre visitas de personas no identificadas a esa institución.
Incluso fue la misma prensa que presentó un amparo ante la Sala IV contra una decisión del Directorio Legislativo que, desde fines de 2014, obligaba a los medios a canalizar la información del Congreso a través de esa dependencia. El Tribunal Constitucional obligó al legislativo a desechar esa medida.
La Sociedad Interamericana de Prensa también señaló actitudes del Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, que habrían sido consideradas intimidatorias, intrusivas y obstaculizadoras al ejercicio del periodismo.
El 24 de setiembre, Diario Extra resumió así esos comportamientos: “No dar la palabra a reporteros en conferencias de prensa; negar entrevistas; interrumpir y limitar consultas consideradas incómodas; numerosas llamadas a periodistas y directores de medios por parte del Ministro y la Jefa de Prensa, Stephanie González, pretendiendo cambiar títulos, contenidos o hasta acusando a los reporteros cuando las informaciones desfavorecen al Gobierno”.
¿Qué dicen algunos diputados?
EL MUNDO le consultó al liberacionista Rolando González, sobre el proceder en estos casos del Presidente y su equipo de comunicación, a lo que respondió “él refleja un estado emocional que tiende a distanciarlo de la prensa, de los partidos políticos y de la ciudadanía, y esa no es una buena compañía”.
Según dijo, este es tiempo de construir puentes, de buscar concertaciones, de entender que si existe un error en la estrategia y actitud de comunicación del Gobierno, entonces habría que enmendarlo.
“No descalificar el informe de la SIP, no atribuirle más a la prensa intenciones torcidas, ni evadir el contacto con los medios de comunicación, que es la manera de comunicarnos con la ciudanía”, manifestó.
El diputado oficialista, Franklin Corella, considera que el tema de la transparencia en la función pública es “determinante”, y agregó que el rol de la prensa en ese sentido es “protagónico”.
]“Sin entrar a ahondar sobre la calidad de la noticia y el manejo que le puedan dar los periodistas, que también como en el caso de los políticos hay de todo, hay periodistas buenos y malos, al igual que los políticos. Eso no justifica no ser transparente en el quehacer público y creo que al Presidente le corresponde, como mandatario del país, tener una relación clara y transparente con los medios”, argumentó.
