San José, 3 abr (elmundo.cr)- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz, urgió por una nueva forma de elección al cargo de la magistratura.
Considera que debe prevalecer una sólida experiencia profesional, una formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.
Cruz planteó la necesidad de construir una Morgue Judicial en la Zona Sur, para mejorar los servicios de medicina legal que se brinda en esta región, así como el impulso y apoyo de la Asamblea Legislativa al proyecto de ley de carrera fiscal.
Además, expuso el avance de los temas prioritarios de reforma judicial en los que trabaja Corte Plena, como la reciente aprobación del Protocolo para la Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.
Sobre la implementación de la Ley de Crimen Organizado que demanda una serie de servicios nuevos, Cruz Castro indicó: “Desde el Poder Judicial tenemos una responsabilidad de ejecutar las normas legales que se aprueben, sin embargo la ausencia de contenido económico no nos permite hacerle frente a los nuevos servicios de manera efectiva. El presupuesto judicial se ha caracterizado por ser austero y con crecimiento cero; esto nos limita a dirigir los recursos, únicamente, a la atención de los servicios judiciales que actualmente se brindan a la ciudadanía”.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, dio su respaldo al proyecto de carrera fiscal e indicó que solicitará la convocatoria para que inicie su trámite en la corriente legislativa, en sesiones extraordinarias.
La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo , también señaló el compromiso de impulsar dicho proyecto; así como abrir la discusión de cara a la construcción de una reforma legal en materia de ejecución de la pena.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, abogó por que se emprendan propuestas que tengan como prioridad contrarrestar la amenaza de las noticias falsas y que constituyen un riesgo para los procesos electorales.
