San José, 20 nov (elmundo.cr) – El Colectivo Social Unidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por no nombrar un nuevo presidente ejecutivo en la institución tras la suspensión de Marta Esquivel, investigada por el caso de corrupción conocido como “Barrenador”.
La suspensión de Esquivel, vigente hasta marzo de 2025, dejó vacante el puesto clave en la presidencia ejecutiva de la CCSS. Según el colectivo, esta situación afecta directamente las funciones de la Junta Directiva, lo que limita su capacidad para ejercer roles fundamentales de dirección, fiscalización y toma de decisiones.
El grupo de ciudadanos asegura que la falta de un jerarca perjudica gravemente la operatividad institucional de la CCSS y afecta el derecho al acceso a la salud de los costarricenses.
“Sin una presidencia ejecutiva, la capacidad de respuesta de la institución se ve comprometida, especialmente en momentos donde se requiere una dirección clara para garantizar la prestación de servicios de salud”, señaló el colectivo en el recurso presentado.
El presidente Chaves ha declarado que se encuentra a la espera del resultado de la apelación presentada por la defensa de Marta Esquivel contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver dicha apelación está programada para los primeros días de diciembre.
Chaves no ha indicado si tomará una decisión antes de que se resuelva el proceso judicial, lo que mantiene en incertidumbre a la institución y a quienes dependen de su operatividad.
El caso “Barrenador” investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de EBAIS, lo que llevó a la suspensión cautelar de Esquivel. Sin embargo, el vacío en la presidencia ejecutiva genera cuestionamientos sobre la gobernanza de una de las instituciones más importantes del país.
El recurso de amparo busca que el Tribunal Constitucional obligue al presidente Chaves a designar un nuevo jerarca en la CCSS, considerando que la ausencia prolongada podría tener repercusiones críticas en la administración de la salud pública costarricense.
La resolución de este caso será clave para definir el rumbo inmediato de la CCSS y garantizar la estabilidad institucional en medio de una crisis de confianza.
