San José, 11 feb (elmundo.cr) – La Unión Médica Nacional anunció que “recurre ante la Sala Constitucional en resguardo del principio de legalidad y autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Según señalaron “ante la sorpresiva noticia de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, nombró unilateralmente un supuesto representante del movimiento sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Unión Médica Nacional presentó un Recurso de Amparo en resguardo de los principios de legalidad, autonomía, debido proceso y justicia que deben prevalecer en un Estado de derecho como el de Costa Rica y especialmente en defensa de la institución más emblemática de nuestro país”.
“Es importante mencionar que la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, regula claramente el procedimiento para nombrar a los miembros de Junta Directiva y claramente ordena que el representante del movimiento obrero sindical se elige en asamblea”, señalaron.
Ante esto destacaron que “en este sentido, en el mes de enero se ratificó el nombramiento de la señora Marta Rodríguez como legítima representante del movimiento”.
“La Junta de la Caja se conforma de dos representantes del estado, tres del sector patronal y tres del sector laboral, Este tipo de integración evita la intromisión política y permite que la Caja tome decisiones apegadas a los principios democráticos que caracterizan a nuestro país”, recordaron.
“A pesar de lo expuesto anteriormente, el presidente de la República comunicó que en el Consejo de Gobierno, nombraron a tres directivos de la Caja -soslayando por completo el procedimiento que dicta la ley (principio de legalidad)- para el caso del representante
sindical, de ahí que la Unión Médica Nacional tuvo que acudir ante la Sala Constitucional en defensa de la legalidad que debe imperar en un estado de derecho como el nuestro”, sentenciaron.
“Consideramos que el señor presidente está actuando arbitrariamente y como cualquier otro costarricense y habitante de nuestro país, debe respetar la ley y el debido proceso que rige esta materia”, apuntaron.
“Este no es un país totalitario donde la prepotencia prevalece, Costa Rica es un Estado de derecho, la ley debe prevalecer”, concluyeron.
