San José, 12 may (elmundo.cr) – Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una moción de ampliación del plazo a la Asamblea Legislativa, que retrasaría la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.
Entre las organizaciones que presentaron la moción se encuentran Sinergia Liderazgo y Desarrollo, Asociación Somos Más, Fe y Sociedad, Coherencia Cívica Costarricense y Crece por mi país; y la misma se encuentra acompañada por la firma de 30,000 ciudadanos costarricenses.
La moción fue presentada en el Plenario con la firma de 26 legisladores.
Para estas organizaciones “la posible entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo traería contradicción e inseguridad jurídica si no se regula y se procede con el orden institucional y los procedimientos correspondientes”.
Además, indican que según lo manifestado por la Sala Constitucional le corresponde a la Asamblea Legislativa resolver sobre este tema; y que el plazo de 18 meses que le fue otorgado al Congreso es ‘una camisa de fuerza’.
“Ante ello el clamor popular no se ha hecho esperar, para solicitarle a sus representantes populares que procedan de conformidad con esa indicación y además con la solicitud que se les ha hecho llegar desde el pueblo”, aseguran.
Para estas organizaciones “es importante destacar que estos proyectos de reformas a las leyes relacionadas con el matrimonio son indispensables y deben seguir el trámite normal de cualquier iniciativa en la corriente legislativa, en caso de omitirse, se abrirán profundas grietas y contradicciones en la normativa del ordenamiento jurídico nacional, atentando contra los principios de seguridad jurídica, legalidad, y los principios que rigen la materia de protección de los menores de edad, al dejar a la libre interpretación del juez la resolución de casos de familia, pensiones alimentarias, y violencia doméstica”.
“El abordaje de este tema exige el respeto a la institucionalidad y la independencia de poderes, en la que se sustenta nuestra democracia, implica que ningún poder de la República puede indicarle a otro la forma en que debe cumplir su función esencial constitucional”, sostienen.
Las organizaciones señalan que “en este caso la Sala como tribunal subordinado a la Constitución Política, no puede establecer un plazo rígido para el cumplimiento de un trámite o varios trámites legislativos que, por su naturaleza, requieren de la debida discusión democrática y que son actos legislativos de tipo complejo y no se agotan en un mismo acto, sino que, constitucionalmente requiere cumplir un proceso que está establecido desde la propia Constitución”.
“En aras de cumplir con la responsabilidad política del Poder Legislativo que es lograr el equilibrio y la seguridad jurídica para todas las personas, y en respeto al ejercicio de Poderes de la República, se solicitará a la Sala Constitucional que interrumpa el plazo que están otorgando y además que suspenda todos esos efectos de su fallo hasta que no se haya completado el trámite legislativo de los proyectos que se deben proponer y aprobar relacionados con la reforma del matrimonio entre personas del mismo sexo”, concluyen.
