San José, 23 jul (elmundo.cr) – Un informe del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza sería clave para que la jerarquía del Poder Judicial acuse de desacato a los funcionarios que no están practicando autopsias ni entregando cadáveres a los familiares dolientes.
El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría confirmó a Noticias Monumental que la orden dada ayer por la Sala Constitucional, de que se reanudaran “de inmediato” las autopsias y entrega de cuerpos, no se está cumpliendo.
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Lo anterior debido a que los funcionarios de Medicatura Forense se incapacitaron, alegando presiones psicológicas de que serían acusados penalmente si no volvían a sus funciones.
En vista de que todo el personal se incapacitó, no hay funcionarios que puedan dar cumplimiento al mandato de la Sala, lo que origina un desacato que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se castiga con cárcel de tres meses a dos años.
De acuerdo con el Fiscal Chavarría en declaraciones al noticiero radial, están valorando la contratación de personal ajeno al Poder Judicial para llevar a cabo las funciones dejadas de lado por los funcionarios, sin embargo primero deben constatar que existe ese personal en suelo nacional.
“Requerimos detectar si hay dentro del gremio de médicos gente capacitada para hacer las autopsias y eso no es una tarea sencilla”, agregó.
