San José, 21 ene (elmundo.cr) – Tres horas de careo entre la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y el Ministerio de Hacienda, dejaron en evidencia los motivos por los que los empresarios no desean que el registro de accionistas forme parte del proyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias y segundo vicepresidente de la Unión de Cámaras fue quien dijo en varias ocasiones el verdadero motivo que preocupa a los empresarios en caso de que se concrete la creación del registro de accionistas.
No se trata de que tal registro dejaría en evidencia grandes casos de evasión de impuestos en perjuicio del erario público, sino que el Ministerio de Hacienda no puede garantizar la confidencialidad de los datos en dicho registro, preocupación originada por declaraciones que dio el sindicalista Albino Vargas a un medio de comunicación nacional.
El secretario general de la ANEP comentó en una entrevista que su sindicato tiene información importante sobre grandes evasores fiscales, sin revelar nombres. Tal información solo pudo haberla obtenido el sindicalista mediante una fuga dentro del propio Ministerio de Hacienda.
Ante las reiteradas consultas de los diputados del por qué UCCAEP se opone al registro de accionistas, más allá de que este no es un requisito tácito para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la respuesta fue la misma: El ministerio de Hacienda no puede garantizar la confidencialidad de la información.
El registro de accionistas que existe en la actualidad, consiste en un libro que toda empresa debe tener y en el que debe aparecer el nombre de las personas, físicas o jurídicas que se ven beneficiadas con las operaciones comerciales de dicha empresa. El problema radica en que, según Hacienda, para una empresa que evade miles de millones en impuestos, es fácil negarse a suministrar la información y pagar la multa que ronda los 80 mil dólares, unos 40 millones de colones.
Asimismo, la limitante del actual registro llevado por las empresas es que dificulta las investigaciones sobre evasión y lavado de dinero, en vista de que el libro de la empresa podría decir que las beneficiadas son otras sociedades anónimas, a las que Tributación tendría que hacer la misma solicitud para intentar dar con el nombre, cédula y rostro de los beneficiaros finales.
Dicha situación, de acuerdo con el Gobierno, se solucionaría con el registro de accionistas que se crearía con el proyecto de Ley para combatir el fraude fiscal. Este único aspecto es el que tiene paralizado el proyecto en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
UCCAEP reconoció que ese es el único aspecto en que no están de acuerdo con la Ley para combatir el fraude, alegando que el mecanismo actual permite a Tributación hacer su trabajo correctamente, aunque ante las insistentes y fuertes preguntas de diputado del Frente Amplio, reconocieron que podrían haber casos en los que se incumpla con la entrega de información.
Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas refutaron la afirmación de UCCAEP de que el sistema actual es suficiente e insistieron en la necesidad, más allá de ingresar a la OCDE que tiene el registro de accionistas para combatir la evasión y el fraude fiscal.
Una propuesta que dieron los diputados durante la audiencia, ante la preocupación de los empresarios es endurecer a lo interno del Ministerio de Hacienda los castigos por fuga de información. Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos explicó que al sistema actual se la han aplicado algunos filtros para que los trabajadores de Hacienda vean solo que compete a sus funciones, evitando así una nueva fuga de información.
Esta recomendación de los diputados no tuvo respuesta positiva, ni negativa, por parte de la Unión de Cámaras.
Vea el intercambio entre el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya y los representantes de UCCAEP
