San José, 29 set (elmundo.cr) – Los diputados que conforman la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa estaban decididos a lapidar este jueves al Fiscal General, Jorge Chavarría, por el atraso en las investigaciones de polémicos casos de corrupción en Costa Rica.
Se le convocó a esa comisión y no a la de Asuntos Jurídicos pues los diputados querían analizar el tema desde el punto del gasto en el que incurre en el país, por investigaciones prácticamente paralizadas y una creciente impunidad en los delitos de cuello blanco.
Sin embargo, el Fiscal General, una de las figuras más criticadas y desacreditas en el país posiblemente después del Presidente y los diputados explicó de forma detallada las barreras que impiden poner tras las rejas a los responsables de generar afectaciones al erario público; al “ama de casa”, como dijo Chavarría durante su comparecencia.
Aunque había escepticismo sobre si el Fiscal daría explicaciones a los diputados, especialmente luego de que se lograra zafar meses atrás de explicar los motivos por los que los asesinos del ambientalista Jairo Mora quedaron libres en primera instancia, y luego de que se rehusó decirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los motivos por los que algunos casos sonados no habían mostrado avances, Chavarría se sinceró y puso sobre la mesa del recinto los motivos por los que la impunidad en estos casos, reina en Costa Rica.
El Fiscal primero desacreditó el dato de 650 días que en promedio tarda un caso en cerrarse, emitido por el Programa Estado de la Nación en uno de sus informes. “Me parece una afirmación completamente errada del Estado de la Nación”, dijo.
“He revisado hasta la saciedad y les puedo decir que los tiempos que se han durado no obedecen a dilaciones indebidas, ese es el punto”, manifestó Chavarría, quien pidió a una auditoría determinar si en esos polémicos casos que están en fase de investigación han ocurrido retrasos malintencionados.
“Todos en el Ministerio Público hemos actuado apegados a la Ley. Si alguien tiene algo que reprochar, que vaya y presente la denuncia, porque todos han trabajado correctamente”, dijo el Fiscal.
Seguidamente pidió a los diputados que si desean una disminución en los tiempos de las investigaciones de casos sonados, trabajar en reformar el proceso penal.
“Dejemos de paños tibios. La reforma de 1998 no ha servido para nada. Los profesores dicen en la teoría que este es un sistema acentuado acusatorio y eso es mentira. Este es un proceso formalizado, terriblemente formalizado, con procedimientos que ustedes con sus antecesores aprobaron”, manifestó Jorge Chavarría, quien señaló como uno de los motivos de las largas duraciones de los procesos el hecho de que los legisladores no aprobaran la apertura a prueba.
Según su relato, existe uno de los casos que lleva la Fiscalía en el cual hay 280 cajas repletas de documentos y a las cuales hay que pedirle a un juez que autorice su apertura, pese a ser documentos públicos, referentes a gasto público.
“Hay que pedirle a un juez abrir esas cajas para un control del derecho a la intimidad de las personas, cuando son documentos públicos y si usted no le pide a los jueces esa autorización, le anulan esa prueba y entonces no puede usarla en el proceso penal”, dijo.
Chavarría declaró que justamente esa actitud de los jueces, de anular una prueba si la misma se abrió sin la autorización de un juez no está sustentada en ningún sitio y dijo que los jueces en Costa Rica han estado tomando esa y otras medidas de forma arbitraria.
“Son procedimientos que inventaron los jueces, en ninguna parte de la Ley está, no está…”, enfatizó el Fiscal, quien agregó como otro de los absurdos que entorpecen las obligaciones el hecho de que los fiscales deban recibir las declaraciones formalizadas de las partes, ya que si no se toma la declaración del testigo y lo obligan a jurar, pese a que no tiene obligación de hacerlo, los jueces no aceptan la acusación o la solicitud de medidas cautelares.
“Es mentira que nosotros tengamos un sistema procesal moderno. No es así y los profesores mienten en la Facultad de Derecho y los reto a que me digan que estoy mintiendo. Ellos en sus clases de Derecho dan el deber ser, pero en la realidad ocurre algo totalmente diferente, este es un sistema inquisitivo con control absoluto y rayando en la arbitrariedad de los jueces”, agregó.
“Es un verdadero martirio llevar un caso de estos” — Jorge Chavarría, Fiscal General
Afirmó además que hay jueces que al llegar a la fase intermedia del proceso, acogen apelaciones pese a que en esa etapa no son de recibo. Como ejemplo, el Fiscal citó un caso en el que se admitieron recursos de apelación que no cabían y se fijaron 20 días de audiencia, retrasando el proceso.
“Están discutiendo sobre algo que la Ley dice que no procede recurso de apelación y los jueces abren la posibilidad. Para llevar a juicio se llevan 3 años y hasta 5 o 6 años para ir a juicio. Es muy serio lo que está ocurriendo, en un contexto tan peligroso como el de criminalidad organizada porque el país está inmerso en ella”, acotó.
Seguidamente, el jerarca se quejó de las pocas, por no decir ninguna ocasión, en la que alguien con poder de decisión le pregunta qué necesita para fortalecer al Ministerio Público.
“Habíamos pedido un fiscal en cada provincia porque el tema de las municipalidades es un tema sensible para el crimen organizado”, dijo el Fiscal, afirmando que se le fueron negados producto de la situación fiscal que atraviesa el país.
“No podemos seguir como estamos, tenemos que buscar mecanismos para posicionar al país frente a estos gravísimos fenómenos; revisemos a nivel procesal que tenemos que hacer, revisemos a nivel de respuesta policial que tenemos que hacer, algo tan sencillo como eso”, agregó.
Asimismo, Chavarría manifestó que producto del sistema judicial tan formalizado que tiene Costa Rica, los informes que efectúa la Contraloría General de la República (CGR) en los que muchas veces se revelan graves hechos de mal manejo de fondos públicos, no pueden emplearse de forma expedita como prueba para empezar un proceso judicial, pues el mismo debe enviarse al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que sus funcionarios determinen si lo contenido en el informe es cierto o no.
“Son informes que la Contraloría ha durado hasta cuatro años haciéndolos, pero el OIIJ tiene que revisarlos 2 años más, para decir que es confiable. Una vez eso tengo que ir a secuestrar los documentos que usó la Contraloría; traer cajas llenas de papales y pedirle a un juez que por favor abramos las cajas para verlas”, explicó.
Esto es un verdadero absurdo, jurídicamente si estuviera en una clase de derecho lo justificaría en que hay jurisprudencia pero a nivel del ciudadano es inaceptable, absurdo y debe corregirse. (…) La fase intermedia, eso no sirve para nada. Hay jueces a los que le estamos pagando un platal y no hacen nada.
–Jorge Chavarría, Fiscal General
¿SOLUCIONES? Chavarría manifestó que por lo que se debe empezar es crear una comisión mixta en la que se estudien reformas al sistema judicial. “Es importante para el país y debe haber consenso desde el momento de la redacción de la propuesta. Debe participar la academia, jueces y ciudadanía”.
Consultado sobre si la la Fiscalía tiene plazos administrativos para la tramitación de casos, este respondió que no ya que los tiempos no los determina el fiscal, sino los jueces y en el caso de la Fiscalía de Probidad se efectúa una revisión periódica para ver que no se tarde “más de lo adecuado”.
Chavarría indicó que las revisiones se hacen cada 2 o 6 meses pero que los plazos dependen del Organismo de Investigación Judicial. “Es el OIJ el que señala el tiempo en el que va a entregar el informe. A aveces dice que necesitan 5 o 6 meses, entonces el Fiscal envía un recordatorio y se ve la necesidad de prorrogar esos plazos”.
Además, el Fiscal dijo que no se ha podido implementar a nivel nacional el sistema de digitalización, pues “hemos tenido bastantes problemas” implementándolo, especialmente porque el programa es muy pesado y se requieren computadoras con características específicas para soportarlo, y por ahora no se cuentan con los recursos económicos para hacelro.
INCOHERENCIA EN POLÍTICAS DEL ESTADO. Chavarría fustigó lo que denominó “incoherencias” en las políticas que el Estado costarricense ha estado implementando en materia judicial y afirmó que no ha sido invitado a formar parte de las discusiones sobre esas políticas.
“Para mi como Fiscal General ha sido un problema la incoherencia en la política criminal que se ha venido aplicando en este Estado y en tema de persecución penal”, manifestó.
Según Chavarría, recientemente mantuvo un encuentro con el director de OIJ en el que analizaron como a partir del año 2007, producto de reformas legislativas al Código Penal, las estadísticas de casos se dispararon de manera increíble.
“Saturaron el sistema de justicia y entonces se han tomado decisiones de política criminal sin tomar en consideración la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Ahora estamos muy preocupados porque requerimos insumos en la lucha contra el crimen organizado”, dijo.
Seguidamente, el Fiscal manifestó que se requiere de una unidad especial, pero también de una policía especializada en corrupción. “Los casos que mandamos al OIJ los atienden oficiales de delitos varios, cuando este es un tema en el que debiéramos tener oficiales capacitados que conozcan normativa internacional”, criticó.
La democracia del Estado de Derecho, es como un jardín: si no lo cuida se vuelve un matorral. — Jorge Chavarría, Fiscal General
PIDEN INFORMES. Los diputados pidieron al Fiscal General que les remita un listado de las acciones que los jueces, de forma arbitraria, han venido tomando y que generan atrasos en la tramitación de casos por delitos de cuello blanco.
“Para nosotros va a ser muy importante que nos enumere las decisiones de jueces que no están sustentadas en una norma del Código Procesal Penal, pues eso requiere un abordaje con Poder Judicial, preparación de jueces y una llamada de atención ante todo lo que se está haciendo mal”, dijo el diputado Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario.
Asimismo, los legisladores pidieron el detalle de las reformas al sistema judicial y la justificación de porqué se deben hacer, con el fin de redactar un proyecto de Ley.
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. Chavarría dijo que en una democracia como la costarricense el Ministerio Público ya no debe ser un órgano sometido al Poder Judicial, dando comoo primera razón el presupuesto.
“Se ha visto al Fiscal General como una persona que tiene problemas intelectuales, porque se ha dicho porque es incapaz de venir ante ustedes (diputados) a defender un presupuesto. El presupuesto del Poder Judicial está estructurado de una manera en la que el Ministerio Público queda invisibilizado, nadie ve y nadie le pregunta al Fiscal General cuáles son las necesidades del país, ni cuáles reformas de actualización del marco jurídico considera importante para el país”, criticó el Fiscal.
