San José, 13 oct (elmundo.cr) – En medio de un clima tenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, un reciente video difundido por el gobierno ha generado un fuerte debate en el país.
El video, en el que jefes policiales piden a los diputados que “respeten su uniforme” y “déjennos trabajar”, ha sido interpretado por algunos sectores como una manipulación inconstitucional de las fuerzas de seguridad, mientras otros lo ven como un reclamo legítimo de los cuerpos policiales ante las críticas recibidas por parte de la Asamblea Legislativa.
El trasfondo del conflicto
El enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los diputados comenzó a raíz del Decreto Ejecutivo 44699-MP-SP, firmado por el presidente Rodrigo Chaves, que autoriza el uso de fusiles automáticos por parte de los oficiales de seguridad en su lucha contra el crimen organizado.
La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación durante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por la falta de detalles sobre este decreto. Criticó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, por no estar al tanto de información clave sobre el decreto, lo que generó una confrontación verbal.
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Barquero también cuestionó si los oficiales están debidamente capacitados para manejar las nuevas armas, afirmando que en su experiencia como exfuncionaria de la Fuerza Pública, algunos oficiales no saben ni utilizar los radios. Sus comentarios fueron percibidos por la Fuerza Pública como un ataque directo, lo que desencadenó la respuesta del gobierno a través del video.
La polémica intervención policial
El viernes por la noche, el gobierno publicó un video en el que participaron los directores de los principales cuerpos policiales, incluyendo la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria y el Servicio Nacional de Guardacostas.
En el video, el ministro Zamora introdujo a los jefes policiales, quienes pidieron en coro a los diputados que “respeten su uniforme”. Juan Carlos Alvarado, jefe de la Policía de Guardacostas, dirigió un mensaje específicamente a la diputada Barquero, pidiéndole que los dejara trabajar y asegurando que los oficiales están capacitados para manejar tanto radios como armas.
Este video ha sido fuertemente criticado por sectores de la oposición, quienes consideran que el gobierno está utilizando políticamente a las fuerzas de seguridad. Según el artículo 12 de la Constitución Política, las fuerzas policiales no pueden deliberar ni manifestarse de manera colectiva. Para los críticos, el video constituye una violación de este principio y representa un ataque a la autonomía del Congreso.
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Las reacciones desde la Asamblea Legislativa
Varios legisladores de la oposición han calificado el uso de los cuerpos policiales en este contexto como una manipulación grave e inconstitucional. La diputada Barquero afirmó que las declaraciones de los oficiales no deben interpretarse como un ataque personal, sino como un intento del Ejecutivo de violentar la institucionalidad y la separación de poderes. Sostuvo que desde la Asamblea se han cuestionado las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad, pero no el trabajo de los cuerpos policiales.
Barquero también subrayó que los diputados han luchado por evitar los recortes presupuestarios a las fuerzas de seguridad, defendiendo la necesidad de dotar a la Fuerza Pública y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de los recursos necesarios para enfrentar la creciente criminalidad.
Una comparación histórica
La expresidenta Laura Chinchilla calificó el video como “penoso” y recordó un episodio similar ocurrido hace 30 años, cuando un ministro rodeó el Congreso con fuerzas policiales, lo que eventualmente le costó el cargo. Chinchilla también criticó el tono utilizado por los oficiales al dirigirse a los diputados, argumentando que fue desmesurado e inapropiado.
¿Qué está en juego?
La situación actual pone de relieve una creciente tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en torno a la gestión de la seguridad en el país. Mientras el gobierno defiende su decisión de armar mejor a los oficiales en la lucha contra el crimen organizado, los diputados han expresado su preocupación por la falta de transparencia y comunicación por parte del Ministerio de Seguridad.
El uso de las fuerzas de seguridad para emitir mensajes políticos ha generado un debate sobre los límites constitucionales en la relación entre las instituciones del Estado. A medida que avanzan las investigaciones sobre los supuestos vínculos entre el gobierno y el crimen organizado, es probable que este enfrentamiento continúe escalando en los próximos meses.
