San José, 06 dic (elmundo.cr) – El Consejo Superior del Poder Judicial solicitó a la Procuraduría General de la República, dirigida por Iván Vincenti Rojas, iniciar acciones legales para que se declare la ilegalidad del movimiento de protesta iniciado por médicos forenses.
Según el Consejo, la negativa de estos funcionarios a trabajar horas extras y cumplir roles de disponibilidad constituye un acto de huelga ilegal, dada la naturaleza esencial del servicio que prestan.
Contexto de la huelga
La medida de presión fue calificada como “un abandono concertado y colectivo de funciones” por parte de los médicos forenses, quienes buscan modificar las condiciones salariales relacionadas con el pago por disponibilidad.
“Estamos ante un movimiento colectivo, concertado, unilateral, tendiente a presionar al Poder Judicial para una reivindicación fundamentalmente salarial en un servicio público esencial”, señala el oficio SP 458-2024 emitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
El director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, afirmó que este movimiento se enmarca en una “huelga atípica”, definida por su carácter intermitente y no permanente, lo cual difiere del modelo tradicional de huelga.
Además, recordó que la Sala Constitucional, en la sentencia 2017-13786, declaró que el Departamento de Medicina Forense y otras secciones de Medicina Legal prestan un servicio esencial y, por ende, están impedidos de participar en huelgas.
Impacto en la población
El Consejo Superior destacó las repercusiones negativas del movimiento, citando casos críticos como la interrupción de protocolos de atención a víctimas de agresión sexual. “La labor de los médicos que abandonaron sus obligaciones genera riesgos a la vida y salud de las personas abusadas sexualmente porque afecta el tiempo de respuesta para brindarles antirretrovirales”, advirtió el informe jurídico.
Uno de los ejemplos citados fue el caso reciente de una víctima de agresión sexual que no recibió atención dentro de las 72 horas requeridas, lo cual comprometió el cumplimiento del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual.
Acciones legales en curso
El Consejo Superior aprobó por unanimidad solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, en cumplimiento del artículo 661 del Código de Trabajo, reformado con la ley anti-huelgas de la administración Alvarado Quesada.
Este artículo obliga a los jerarcas de instituciones públicas a actuar dentro de las 24 horas posteriores al inicio de una acción de presión laboral.
La Procuraduría General de la República deberá ahora proceder según el artículo 383 del Código de Trabajo para llevar el caso ante los tribunales y buscar la declaratoria oficial de ilegalidad del movimiento.
Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue instruido a recopilar y presentar pruebas que demuestren la huelga desde su inicio el pasado domingo.
El Consejo enfatizó que la interrupción del servicio afecta tanto el tratamiento de cadáveres y las pruebas forenses en procesos judiciales, como la atención a víctimas de delitos graves, subrayando la urgencia de restaurar el funcionamiento regular del Departamento de Medicina Forense. La solicitud fue declarada en firme.
