San José, 18 oct (elmundo.cr)- El Consejo Superior del Poder Judicial reubicó al fiscal adjunto de Crimen Organizado, Francisco Fonseca, en medio de la investigación por entrabar el caso del cemento chino en el Ministerio Público.
Fonseca habría sido movido de su puesto a solicitud de la Oficina de Inspección Judicial, por una “inapropiada” intervención en la tramitación de expedientes del caso del cemento chino, según confirmó una fuente de la Corte a EL MUNDO.
La separación de Fonseca estaría relacionada con una supuesta simulación de investigación, cuando en realidad, el caso del cemento chino no se estaba moviendo en la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado.
Con esta decisión, son dos ya los altos funcionarios del Ministerio Público que son separados de su puesto. Hace una semana, el 11 de octubre, la Corte Plena acordó suspender por tres meses al fiscal General, Jorge Chavarría.
En el caso de Fonseca, éste habría sido reubicado a la Unidad de Capacitación del Poder Judicial, mientras la Inspección Judicial finaliza la investigación administrativa.
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En tanto, el caso del cemento chino es investigado ahora por la fiscal Emilia Navas Aparicio, quien sustituye a Chavarría.
En su momento, la propia Navas ya había señalado inconsistencias en la gestión de Chavarría.
El 28 de agosto, en medio de la presión mediática para que se avanzara en la investigación del caso, Chavarría ordenó que se reabrieran algunos expedientes relacionados con la investigación alrededor de los diputados relacionados con el empresario Juan Carlos Bolaños, sin embargo, esa solicitud se hizo saltándose la oficina de Navas, quien era la jefa de esa oficina.
“Cuando le pido al compañero, Fiscal Auxiliar, que me diga quién le dio la orden, me dijo que la orden se la dieron don Francisco Fonseca (Fiscal Adjunto de Crimen Organizado) y don Jorge Chavarría”, dijo Navas a la prensa en ese momento.
¿Qué es el Consejo Superior?
El Consejo Superior del Poder Judicial, creado por la Ley N° 7333, es el máximo órgano administrativo del Poder Judicia.
Entre sus responsabilidades se cuenta la de designar “con excepción de los que corresponden a la Corte, a los funcionarios que administran justicia, de conformidad con las normas legales y reglamentarias correspondientes; trasladarlos, provisional o definitivamente, suspenderlos y concederles licencias con goce de sueldo o sin él y removerlos, todo con arreglo de las disposiciones correspondientes, sin perjuicio de las potestades atribuidas al Presidente”.
Además, tiene la potestad disciplinaria respecto de los servidores judiciales, de conformidad con la ley “y sin perjuicio de las facultades conferidas a la Corte Plena, al Presidente de la Corte y al Tribunal de la Inspección Judicial”.
Dicho Consejo está conformado de la siguiente forma:
- El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí;
- La Representante de los Funcionarios Judiciales que administran justicia, Gary Amador Badilla;
- La Represente de abogados que trabajan en el Poder Judicial, Milena Conejo Aguilar;
- El Representante de los abogados litigantes, Ramiro Salvador Arauz Montero;
- El Representante de los Trabajadores, Carlos Montero Zuñiga.
