San José, 05 jun (elmundo.cr) – La Corte Plena del Poder Judicial, integrada por sus 22 magistraturas, aprobó una alianza estratégica con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a través del programa Estado de la Nación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de justicia.
El acuerdo, ratificado durante la sesión ordinaria del pasado lunes 1.º de junio de 2026, establece un marco de colaboración técnica y académica para la elaboración de un diagnóstico profundo sobre el desempeño de la institución.
La iniciativa busca identificar las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades de mejora del sistema judicial costarricense, basándose en datos técnicos y objetivos. Este ejercicio permitirá ofrecer al país una valoración integral sobre la eficacia y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía.
La magistrada y presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, destacó que esta alianza da continuidad a un proyecto iniciado en 2015, reafirmando la voluntad institucional de someterse al escrutinio externo.
“Existe un compromiso claro con el país de mejorar continuamente el servicio de administración de justicia. Hemos impulsado acciones y estrategias orientadas a ese objetivo, que han generado resultados importantes; sin embargo, aún quedan desafíos por atender”, señaló Vargas.
La jerarca añadió que “por ello, es de suma importancia contar con una evaluación externa, técnica e imparcial que nos permita identificar oportunidades de mejora en procura de una mayor eficiencia y eficacia”.
El convenio, que será suscrito formalmente por la Presidencia de la Corte Suprema y la Universidad Nacional (en representación de CONARE), tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.
El modelo de trabajo contempla la creación de mesas de trabajo conjuntas, el intercambio de información oportuna y la participación de profesionales especializados en las diversas materias jurisdiccionales que serán objeto de análisis durante el periodo de vigencia del acuerdo.