San José, 31 oct (elmundo.cr) – La polémica en torno al caso del cemento chino golpeó con fuerza la credibilidad que los costarricenses tenían en el Poder Judicial, al punto que los Magistrados que integran la Corte Plena acordaron plantear reformas urgentes.
La propuesta fue del Magistrado Paul Rueda Leal, integrante de la Sala Constitucional y fue acogida por la unanimidad del resto de la Corte Plena.
De acuerdo con lo acordado, se constituirán grupos de trabajo que en el plazo de 15 días naturales deberán entregar una serie de recomendaciones concretas a ese órgano colegiado, con el fin de darle “inmediata atención” a esos puntos.
Según detalló la Corte, algunas de las reformas planteadas se refieren al procedimiento y requisitos para ser seleccionado como Magistrado, propietario o suplente, en la Asamblea Legislativa, con el fin de garantizar independencia e idoneidad técnica y ética.
Asimismo, se propuso modificar el régimen disciplinario, establecer protocolos de conductora de servidores judiciales y revisar el marco ético general del Poder Judicial.
Por otro lado, se planteó iniciar procedimientos para un diálogo permanente con la sociedad civil y establecer la “carrera fiscal”, así como requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General de la República.
Además se plantea también reformar la carrera judicial, las evaluaciones de desempeño y la elaboración de un plan tendente a la concentración de la Corte Plena en funciones estrictamente de dirección general de la política judicial.
Finalmente, se baraja la elaboración de un plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción.
“El acuerdo incluye que, en el accionar de los grupos de trabajo, se dé la posibilidad de tomar el parecer de organizaciones internas y externas a la institución”, indicó la Corte, que agregó que algunas reformas pueden darse en el ámbito constitucional, otras en el legal y, finalmente, habrá medidas que dependan de la propia Corte.
“Los planteamientos deben ser concretos y puntuales. En las propuestas 8 y 9, relativas a temas más extensos, éstas deberán contener un cronograma que indique las tareas por cumplir con fechas concretas dando prioridad a aquellos aspectos que ameritan atención inmediata”, agregó el órgano colegiado.
