San José, 16 dic (elmundo.cr) – La Corte Suprema de Justicia aprobó la propuesta de un proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio del Poder Judicial, diseñado para fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir la infiltración del crimen organizado en la institución.
Este lunes los magistrados de Corte Plena dieron luz verde a la propuesta, que ahora será remitida a la Asamblea Legislativa para su respectiva tramitación.
La iniciativa busca mejorar las investigaciones internas, agilizar los procesos disciplinarios e imponer sanciones más eficaces. Según el magistrado Jorge Leiva Poveda, miembro de la comisión que desarrolló la propuesta, el proyecto incluye reformas que abarcan tanto al personal en propiedad, interino y meritorios (trabajadores voluntarios cuyo objetivo es ganar experiencia y aprendizaje), y también a quienes integran listas de suplencias, elegibles o meritorios que no estén nombrados, permitiéndose excluirles de dichas listas de oferentes.
“El proyecto introduce reglas especiales para casos de corrupción, como la ampliación de los plazos de investigación y la eliminación de obstáculos que puedan generar impunidad por formalidades. Además, contempla un papel más activo de las personas denunciantes que cumplan con requisitos específicos”, explicó el magistrado Leiva.
Entre las herramientas innovadoras, destaca la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios, siempre bajo la autorización de un juez o jueza de garantía, quien verificará la pertinencia y legalidad de esta información.
Otro de los cambios propuestos es la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, principal órgano disciplinario del Poder Judicial, lo anterior, para que una nueva estructura orgánica asuma competencias que actualmente recaen en el Consejo Superior y Corte Plena. Esto permitirá especializar la tramitación de casos disciplinarios y optimizar el uso de los recursos existentes.
En cuanto a las sanciones, la reforma establece que en casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un período de 10 años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección. Además, se incorporan parámetros claros del debido proceso y un enfoque restaurativo, ofreciendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos junto con los tradicionales procedimientos sancionatorios.
“Se trata de una reforma integral y moderna, que responde a las demandas de la sociedad costarricense, dotando al Poder Judicial de herramientas eficaces para enfrentar los desafíos en materia disciplinaria y combatir la corrupción de manera decidida”, concluyó el magistrado Leiva Poveda.
Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que este proyecto ratifica al Poder Judicial como una institución transparente, siempre en procura de mejoras y comprometida con los principios de justicia y legalidad.
“Este es uno más de los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para responder al contexto actual, que demanda una justicia más célere y eficiente. Estamos respondiendo a las necesidades ciudadanas, estamos corrigiendo y mejorando, no descansaremos en nuestro objetivo de brindar un servicio de administración de justicia de calidad”, destacó.
