San José, 08 sep (elmundo.cr) – Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, cuestionó las normas incorporadas por el Ministerio de Hacienda al presupuesto 2027 y advirtió sobre el posible impacto de los recursos bloqueados en la atención a la ciudadanía.
Las normas incorporadas por el Ministerio de Hacienda al presupuesto 2027 podrían generar obstáculos para la gestión de los recursos del Poder Judicial, según advirtió Ana Romero, directora ejecutiva de la institución.
“Las normas incorporadas en el presupuesto 2027 por el Ministerio de Hacienda impactan en el quehacer del Poder Judicial”, afirmó Romero.
La directora ejecutiva aseguró que la institución está acostumbrada a rendir cuentas y que la transparencia es un principio fundamental de su trabajo. Sin embargo, cuestionó los controles incluidos en el presupuesto debido a que, según explicó, no cuentan con plazos definidos para su cumplimiento.
“El Poder Judicial rinde cuentas, está acostumbrado a rendir cuentas a la ciudadanía, a tener como principio fundamental de su quehacer la transparencia, pero aquí nos imponen controles que no tienen un tiempo definido de cumplimiento, ni tampoco una seguridad de que finalmente se vayan a satisfacer”, señaló.
Para Romero, esta situación podría dificultar la administración de los recursos de la institución.
“Así las cosas, este mecanismo lo que constituye es un obstáculo para una gestión eficiente de los recursos del Poder Judicial”, manifestó.
Norma 9 podría mantener recursos bloqueados
Romero se refirió específicamente a la Norma 9, que establece un bloqueo sobre determinados recursos.
De acuerdo con las estimaciones del Poder Judicial, ese bloqueo podría llegar a suplirse en el mejor de los escenarios en un plazo aproximado de seis meses.
“De acuerdo con nuestras estimaciones, la Norma 9 que establece un bloqueo podrá llegar a suplirse en el mejor de los escenarios en aproximadamente seis meses”, explicó.
Sin embargo, la funcionaria señaló que la decisión definitiva sobre el levantamiento del bloqueo correspondería al Plenario Legislativo.
“Pero finalmente la decisión de que si ese bloqueo se levanta o no, corresponderá al plenario legislativo”, afirmó.
Por esta razón, los recursos permanecerían temporalmente sin disponibilidad para el Poder Judicial.
“Así que los recursos que están bloqueados, pues tienen una condición de indisponibilidad para el Poder Judicial, con la afectación que eso conlleva”, indicó Romero.
La preocupación: los usuarios
La directora ejecutiva enfatizó que el eventual impacto no se limitaría al funcionamiento interno del Poder Judicial, sino que podría repercutir en las personas que utilizan sus servicios.
“Y no una afectación directa, exclusiva para el Poder Judicial, lo que no más nos preocupa es la afectación a la persona usuaria”, concluyó Romero.
