San José, 22 set (elmundo.cr) -“Yo sí puedo (tener hijos), pero a la vez me da miedo. Porque al principio me habían dicho que sí podía, de hecho, a mi mamá, … le empezó a decir a la doctora que por qué no le hacía el favor de operarme para no poder tener hijos. Yo no le dije nada a ella y la doctora la regañó. Le dijo que no era decisión de ella, sino decisión mía si yo me quería operar o no”.
Este es el testimonio de una mujer de 32 años con discapacidad cognitiva quién fue una de las participantes en los grupos focales desarrollados en diferentes partes del país a finales del 2019, y que brindaron insumos para la realización del estudio Salud sexual y reproductiva y violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a la luz de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS, 2018).
Ese estudio fue presentado esta tarde en una actividad virtual organizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y la Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD), organizaciones que unieron esfuerzos para realizar esa investigación. También se contó con la participación del segundo vicepresidente de Costa Rica, Marvin Rodríguez Centeno y de la coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi.
“Las personas con discapacidad han sido históricamente dejadas atrás en los avances del desarrollo y la justicia social y la Agenda 2030 se ha propuesto cerrar esta enorme brecha”, expresó Paula Antezana Rimassa, jefa de Oficina de UNFPA Costa Rica. “La ENADIS busca llenar el vacío de información y brinda una valiosa oportunidad de diseñar intervenciones adecuadas que permitan garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y a una vida libre de violencia y discriminación, en especial a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”, agregó.
Además de analizar la información de la ENADIS, el estudio ahondó en las vivencias de mujeres con discapacidad de cuatro provincias: Alajuela, Heredia, San José, Cartago y Guanacaste, donde se realizaron pequeños talleres y entrevistas, a finales del 2019.
“Esta investigación evidencia la importancia de contar con datos e información relevante, veraz, actualizada y rigurosa sobre la realidad de las mujeres con discapacidad, que sirva de base para generar políticas públicas que mejoren el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, así también en políticas orientadas a una mejor detección y prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad”, afirmó Francisco Azofeifa Murillo, director ejecutivo de CONAPDIS.
Ejercicio de derechos de las personas con discapacidad
La ENADIS 2018 indagó ciertos temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como el acceso a información sobre esos temas, el acceso a los servicios de salud, la realización de exámenes ginecológicos, la frecuencia con la que se estos se realizan, la última relación sexual, entre otros temas. La ENADIS reveló que, contrariamente a la creencia extendida de que las mujeres con discapacidad son “asexuales”, estas están activas sexualmente en una alta proporción, pero no tienen acceso a información y presentan importantes barreras de acceso a los servicios de salud y consejería, las cuales no solo son barreras presentes en el espacio físico, sino en las creencias limitantes de las personas e incluso en malos tratos.
Otros temas importantes como fertilidad, conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos, educación integral de la sexualidad, no fueron indagados por la ENADIS pero sí formaron parte de las conversaciones en los grupos focales. Por ejemplo, las participantes de esos grupos afirmaron que sus familias toman distintas medidas para desalentar el interés en la vida sexual, evitar la formación de parejas y eventualmente impedir los embarazos, negando así el derecho a las personas con discapacidad para decidir si quieren o no tener hijos e hijas.
“Tuve problemas con un médico del EBAIS que era grosero. Me dijo que sólo tenía 15 minutos para atenderme. Además, me recomendó no tener hijos y que a mi marido ni siquiera lo pulsee. Al tiempo me dijo que tenía pólipos y no me volvió a mandar pastillas anticonceptivas”, expresó una mujer de 43 años con discapacidad visual en los grupos focales.
La carencia de conocimientos desalienta la demanda por los servicios, impide a las mujeres tomar decisiones informadas, aumenta el riesgo de embarazos no deseados o de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). Según la ENADIS, seis de cada diez hombres con discapacidad mencionaron que no han recibido información sobre salud sexual y reproductiva y en el caso de las mujeres, la proporción baja al 50%, un rezago significativo si se consideran los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta esta población.
Violencia económica y violencia sexual afectan más a mujeres con discapacidad
En el tema de violencia, las evidencias estadísticas y testimoniales recopiladas muestran que esta es mucho más elevada entre las personas con discapacidad y, en particular, las mujeres con discapacidad. Las formas de violencia económica son vividas en un 11,1% por las mujeres con discapacidad, quienes sufren coacciones en la administración de sus activos.
Asimismo, la violencia psicológica, reflejada en gritos, humillaciones y descalificaciones, afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad, mientras que la violencia física, reflejada en golpes, heridas, empujones, etc., tiene un mayor porcentaje en hombres con discapacidad, seguidos de las mujeres con discapacidad.
En el tema de violencia sexual un 5,9% de los hombres con discapacidad reconoció haber sido objeto de un acto violento de naturaleza sexual, en las mujeres la proporción se eleva a 20,5%. (en el caso de personas sin discapacidad, los hombres reportan este tipo de agresiones en un 4,0%, mientras que las mujeres en un 15,0%).
Como una de sus conclusiones, el informe afirma que los cuestionamientos al libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el control sobre decisiones vitales como la elección de la pareja, la crianza de hijos e hijas y la administración del patrimonio, unido a los patrones socioculturales asociados a la “misericordia”, la “caridad” y la “lástima”, exponen a las mujeres con discapacidad a situaciones de diversas manifestaciones de violencias, a la vez que limitan su desarrollo pleno.
Se espera que la información recopilada en este documento proporcione elementos útiles para orientar la implementación y/o modificación de políticas públicas, así como de programas institucionales, así como brindar herramientas a las organizaciones de personas con discapacidad para la exigibilidad de derechos y una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad.
El evento concluyó con la idea de que el respeto a los derechos de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha establecido como principio “no dejar a nadie atrás” y llegar primero a las personas más rezagadas.