San José, 25 abr (elmundo.cr) – La fracción del Liberal Progresista presentó un paquete de proyectos de ley para atacar de forma práctica y certera la ola de criminalidad que azota al país.
El primero es el proyecto 23.713 “Ley para fortalecer la seguridad ciudadana (fusión de distintos cuerpos policiales nacionales)”, que pretende organizar todas las fuerzas policiales del país bajo una misma rectoría en el Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de facilitar las operaciones contra el hampa y de crear una verdadera política integral de Estado en materia de seguridad ciudadana.
Los cuerpos de policía que se fusionarán bajo un único mando serán la Guardia Civil; Guardia de Asistencia Rural; Policía encargada del Control de Drogas no autorizadas y de actividades conexas; Policía de Fronteras; Servicio Nacional de Guardacostas; Policía de Migración y Extranjería; Policía de Control Fiscal; Policía de Tránsito; Policía Escolar y de la Niñez; Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y los demás cuerpos policiales cuya competencia se detalle en la Ley N.º 7410, Ley General de Policía.
Además explicaron que otro de los objetivos del proyecto de ley es garantizar el derecho a la seguridad ciudadana que tienen todos los habitantes del país como Derecho Humano, según lo estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; asegurar la prevención y represión de toda clase de delincuencia a través de la fusión de los distintos cuerpos policiales nacionales; promover el uso máximo de los recursos y capacidades a través de la integración de procesos de planificación y presupuestos correspondientes; proteger los bienes y los derechos de todos los habitantes del país a través de la vigilancia continua por parte de todos los cuerpos policiales nacionales a fusionar.
Mientras que el proyecto 23.714 “Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas”, que tiene como objetivo crear una política criminal efectiva y de aplicación inmediata, que viene a sustituir la falta de una ley de ejecución penal en materia de narcoactividad.
El proyecto tiene la ventaja de que la Ley Procesal Penal no se enfrenta a la garantía constitucional de irretroactividad de la Ley Sustantiva, prevista y regulada en el artículo 34 de la Constitución Política, lo que hace que pueda entrar en vigencia inmediatamente con su promulgación y resultar aplicable a todos aquellos casos que se encuentren incluso en proceso cuando se trate de delitos de narcotráfico o relacionados con esa actividad criminal.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública afirman que en lo que va del 2023, solo una de cada 22 personas que han sido aprehendidas, han terminado en prisión, el resto ha quedado en libertad o con medidas alternas a la prisión que les permiten, en muchos casos, seguir activos en estructuras criminales, por lo que esta iniciativa colaboraría a cambiar este mal panorama.
Estas propuestas de ley son de sencilla aplicación en caso de aprobarse, por lo que su impacto y beneficios en el contexto actual serían inmediatos, indicaron los liberales.
El diputado Gilberto Campos, miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, señaló que “estamos proponiendo una serie de condiciones procesales distintas para tratar los temas que tienen que ver con la narcoactividad pero, principalmente, lo que está generando en este momento la situación de inestabilidad en materia de inseguridad en el país: temas de ajustes de cuentas, cobronazos, sicariato y otra serie de problemas que se generan de la narcoactividad”.
Sobre la propuesta para unificar administrativamente a todas las policías del país, el legislador comentó que durante muchos años especialistas en la materia pidieron dar este paso para acabar con la dispersión en las cadenas de mando y en la estrategia para atacar la criminalidad en el país.
Por su parte, el jefe de fracción Eli Feinzaig comentó que así como la fracción está comprometida con la reactivación económica, entienden muy bien los legisladores que la seguridad es de vital importancia para aportar en ese proceso.
“Podremos tener las mejores condiciones para hacer turismo, invertir y trabajar en el país, pero si permitimos una criminalidad imperante, ningún esfuerzo es suficiente. El crimen es una emergencia que debe atenderse de una vez por todas y en el PLP estamos comprometidos con trabajar con otras fuerzas políticas para lograrlo”, dijo Feinzaig.
