PLN y PUSC cambian de opinión y aprueban proyecto que asesta duro golpe a finanzas públicas

San José, 7 jun (elmundo.cr) – Aunque en diversas ocasiones dijeron que no lo apoyarían, diputados del Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana dieron sus votos positivos a un proyecto de Ley que daría un golpe de 588.000 millones de colones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como a las finanzas públicas manejadas por el Ministerio de Hacienda.

Se trata del proyecto de Ley 17.561, con el cual unos 6000 docentes y administrativos del Magisterio y universitarios regresarían a su régimen de pensiones cargado al Presupuesto Nacional, tras haberlo abandonado durante la administración de José María Figueres.

La iniciativa recibió primer debate en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera la noche de este miércoles, y está a una votación más de convertirse en Ley de la República.

Diez congresistas se manifestaron a favor: Francisco Camacho, Patricia Mora y Edgardo Araya del Frente Amplio; Nidia Jiménez del PAC; Rosibel Ramos, William Alvarado y Jorge Rodríguez del PUSC; así como Karla Prendas, Juan Marín y Michael Arce de Liberación Nacional.

En contraparte Julio Rojas y Maureen Fallas del PLN; así como Marco Vinicio Redondo y Victor Morales del PAC, votaron en contra.

Para efectuar el traslado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debería devolverle a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) cerca de 52.000 millones de colones, correspondientes a las cuotas obreras que percibió en el IVM, por parte de quienes hicieron el traslado de régimen. Esos recursos saldrían de la reserva del IVM.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendría que desembolsar a lo largo de 40 años unos 535.000 millones de colones por concepto de la cuota patronal, y por la diferencia que hay entre cuotas de ambos regímenes (5,08% en el IVM frente a 6,75% en Jupema).

La erogación para el Ministerio de Hacienda sería de unos 11.000 millones anuales, es decir, el 52% del ahorro anual que tiene para el Gobierno el haber aprobado proyectos de recorte a las pensiones de lujo (21.000 millones por año).

El impacto tan alto para las finanzas públicas se explica en que los pensionados de Jupema se jubilan con hasta el 85% de lo cotizado, en contraste con el 65% que otorga la Caja del Seguro Social.

De acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, el salario promedio de los funcionarios del Magisterio es de ¢1.800.000, frente a los ¢475.000 que recibe el resto de cotizantes del IVM y quienes en última instancia, tendrían que cubrir el hueco que deja la salida de esas personas.

En resumen, la iniciativa de Ley beneficiaría a unos 6000 (menos del 0,43% de los cotizantes del IVM), en perjuicio de 1,4 millones, quienes se exponen a otro aumento en las cotizaciones para cubrir el faltante.

Los diputados no previeron en el proyecto de Ley una fuente de recursos frescos para cubrir la nueva demanda que tendrá el Ministerio de Hacienda, por lo que los dineros tendrían que ser obtenidos mediante endeudamiento e impuestos pagados por todos los costarricenses.

William Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dejó entrever un cambio de discurso por parte de la agrupación, ya que anteriormente se oponían al proyecto y ahora lo apoyaron.

Por ejemplo, en la sesión del 21 de setiembre del 2016, el diputado alabó que el Poder Ejecutivo se opusiera a la iniciativa, pues traería consecuencias fiscales negativas.

“Me queda claro que el Poder Ejecutivo está en contra del proyecto, no está de acuerdo por el impacto fiscal que esto significa y por lo que representa desde el punto de vista económico. Vamos a dar el apoyo para que el proyecto no se apruebe, respaldado en esa posición responsable del tema fiscal. Es una línea que hemos establecido desde el principio con este tema”, dijo el congresista en ese entonces, según consta en el acta de la sesión en poder de EL MUNDO.

Sin embargo, este miércoles el legislador dijo a los medios de comunicación que apoyaría el proyecto.

“Personalmente considero que es un proyecto de Ley que es justo, yo participé en muchas de estas actividades porque recuerdo que hubo una campaña para que todos los trabajadores se trasladaran a la Caja”, dijo.

Cuestionado por esta contradicción, el diputado dijo que en cuestión de cinco días cambió de posición, pues Róger Porras, Director Ejecutivo de Jupema dijo que el impacto será de 205 millones de colones para el primer año y 1000 millones de colones para el primer quinquenio.

Esos datos, sin embargo, fueron obtenidos por Jupema con base a estudios financieros y no actuariales, como correspondía.

Por su parte el Partido Liberación Nacional contradijo la posición que había adoptado durante los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla de oponerse al proyecto, para ahora apoyarlo.

 

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