San José, 08 mar (elmundo.cr) – Miguel Guillén Salazar, Secretario General del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, impugnando los actos del Poder Ejecutivo que vinculan a Costa Rica con la “Joint Security Declaration” y la coalición hemisférica anunciada el 7 de marzo de 2026.
El recurso legal argumenta que el gobierno, al suscribir la declaración y participar en la cumbre donde se anunció la coalición, “viol[ó] normas fundamentales de la Constitución Política y del bloque de juridicidad internacional vigente en Costa Rica”.
En el documento presentado, Guillén Salazar señala que la acción se interpone “por dirigirse contra actos de autoridad pública que infringen directamente normas y principios constitucionales”. Además, afirma que la cuestión planteada “trasciende cualquier interés individual y se refiere a la integridad del orden constitucional costarricense, a la identidad civilista del Estado y a la preservación del principio de paz que define históricamente a la República”.
El Secretario General del PLN cuestiona la firma de Costa Rica en la “Joint Security Declaration”, suscrita el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida, así como la participación del Presidente de la República en la cumbre del 7 de marzo, donde se anunció la creación de una coalición hemisférica contra los carteles. Según el recurso, estos actos constituyen una secuencia de decisiones que buscan incorporar a Costa Rica a un esquema de seguridad hemisférica con implicaciones militares.
La acción de inconstitucionalidad argumenta que la eventual integración de Costa Rica a una coalición militar hemisférica contraviene el artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe el ejército. Asimismo, se alega la violación de los artículos 121, 146 y 147, que reservan a la Asamblea Legislativa competencias exclusivas en materia de aprobación de tratados internacionales y autorización para el ingreso de tropas extranjeras.
El PLN también considera que se infringen los artículos 9 y 11 de la Constitución, que consagran el principio de legalidad y división de poderes, y el derecho internacional vigente, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos.
En su petición, el PLN solicita a la Sala Constitucional admitir la acción, declarar inconstitucionales los actos del Poder Ejecutivo y ordenar las gestiones diplomáticas necesarias para aclarar o retirar cualquier manifestación que presente a Costa Rica como integrante de dicha coalición.
