San José, 27 oct (elmundo.cr) – Cinco diputados de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron este lunes una Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad ante la Sala Constitucional, con el propósito de revertir el recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) incluido en el Presupuesto Ordinario de la República para 2027.
La acción busca declarar inconstitucional la Moción N°16, aprobada recientemente en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Dicha propuesta, impulsada por la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), traslada estos recursos —originalmente destinados al reintegro de fondos del FEES de los años 2020 y 2021— hacia la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) para cubrir contribuciones patronales.
Los legisladores liberacionistas argumentan que el recorte contraviene los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, los cuales protegen la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior estatal.
Según los proponentes, al existir un acuerdo formal previo entre el Poder Ejecutivo y las cinco universidades públicas, la Asamblea Legislativa no posee la potestad para modificar unilateralmente los montos pactados.
Impacto en sedes regionales
El diputado limonense Mangell Mc Lean enfatizó las consecuencias sociales de esta medida, advirtiendo sobre el riesgo inminente para centros académicos en zonas periféricas, como el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón.
“Decirles hoy que la sede en Limón podría cerrar no es un frío dato presupuestario: es apagarle la luz al futuro de nuestra juventud. Nos indigna y nos duele profundamente que, ante cada decisión o recorte que el Gobierno propone, siempre sea Limón la provincia sacrificada”, manifestó Mc Lean.
Por su parte, el legislador Salvador Padilla calificó la intervención como un “ataque directo contra la educación pública” que, a su juicio, busca “asfixiar financieramente a las universidades” y dejar en estado de vulnerabilidad a recintos como la Universidad de Costa Rica (UCR) en Paraíso de Cartago.
La consulta, que cuenta con el respaldo de la fracción del PLN y el Bloque Democrático, se suma a las acciones legales interpuestas por otras bancadas, como el Frente Amplio, que también han recurrido a la Sala Constitucional para defender el presupuesto universitario.