San José, 23 oct (elmundo.cr) – El Grupo Economía Pluralista mediante una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y a los jefes de fracción, manifestaron que es urgente replantear y reorientar el abordaje del problema fiscal.

Según el Grupo Economía Pluralista, el plan fiscal heredado del gobierno de Carlos Alvarado, concretado, principalmente, en las leyes número 9635 (“Fortalecimiento de las finanzas públicas”), y 10.159 (“Ley Marco de Empleo Público”), y concebido desde un énfasis austeritario y restrictivo, está dando clarísimos síntomas de agotamiento.

Con consecuencias sociales y humanas muy serias y preocupantes, lo que, a su vez, multiplica y agrava las amenazas para la paz social y la estabilidad de la democracia, indicaron los economistas.

“Es cierto que ha habido una mejora relativa en las cuentas fiscales, lo cual se refleja en el surgimiento de “superávits primarios” (excedentes positivos de los ingresos sobre los gastos, sin incluir en estos últimos los pagos por intereses), como también en una reducción considerable del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los pagos por intereses)”, comentaron.

Para el Grupo “todo eso se logra a un costo altísimo e incuantificable, en virtud de las severas consecuencias sociales y humanas que esa estrategia de políticas tiene, lo cual la hace políticamente inviable”.

“Esa inviabilidad se agudiza en el actual contexto nacional, asediado por una agudizada situación de violencia y criminalidad, la cual parece haberse salido de cauce, al punto que, en algunos lugares, el Estado está prácticamente ausente, sustituido por las estructuras del crimen organizado”, agregan.

El Grupo recalcó que “todo esto advierte que insistir en una política austeritaria como la que se viene aplicando, es una apuesta sumamente peligrosa. Es indispensable tener presente que no solamente se requieren más policías, cárceles y represión, sino, y sobre todo, es urgente y necesario un abordaje preventivo, lo cual, inevitablemente, pasa por el fortalecimiento de las políticas de salud, educación, vivienda, cuido, arte y cultura, entre otros, así como, en general, de todos nuestros sistemas de seguridad social y del Estado social de derecho en su conjunto”.

“Hay cosas importantísimas que el mercado y la iniciativa privada no pueden proveer, o, si las proveen, serán a precios que, inevitablemente, excluirán a la mayor parte de la población”, aseguran.

El Grupo insistió en que “sin un futuro esperanzador, empleos de calidad, estabilidad económica, oportunidades educativas y de esparcimiento, buenos servicios de salud, acceso a vivienda y a un servicio hídrico universal y de calidad, transporte público accesible y de calidad, oportunidades para el cultivo del arte y la práctica del deporte, será imposible frenar la criminalidad y traer paz a nuestras comunidades y vecindarios”.

Propuesta

Ante esto el Grupo Economía Pluralista presentó la siguiente propuesta:

1. Un ejercicio de acercamiento y colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que, cancelando rigideces ideológicas, permita concertar acciones, formuladas con prudencia y razonabilidad, con el fin de reducir la carga de los intereses de la No debe descartarse una posible renegociación de esa deuda, al menos la parte interna.
2. Debe tenerse máxima prudencia al tomar deuda externa, dados los riesgos que comporta endeudarse en una moneda que no es la nuestra. Esa deuda externa debería destinarse a fines productivos, para la elevación de la productividad, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, y la diversificación y modernización de la economía, que garanticen la sostenibilidad futura de la misma
3. Es urgente avanzar hacia una reforma tributaria realmente progresiva, que haga valedero el principio de que cada quien contribuya según sus reales Deberíamos proponernos un incremento en la carga tributaria (como porcentaje del PIB y sin incluir las contribuciones a la seguridad social), de al menos 5 puntos porcentuales durante los próximos cinco años, lo que implicaría llevarla a los alrededores del 19%, todavía muy lejos del promedio de la OCDE (25%), y mucho más lejos aún de los países de más alto nivel de vida, como los nórdicos europeos, donde usualmente supera el 30%. Esto debería provenir exclusivamente de impuestos sobre los altos ingresos (indistintamente de que estos provengan del capital o del trabajo) y sobre los grandes patrimonios, sin afectar más a los sectores de ingresos medios, ni mucho menos a los de ingresos bajos. Téngase presente que los impuestos sobre ingresos y utilidades aportan, en Costa Rica, solamente un 5,5% como proporción del PIB, cuando el respectivo promedio para la OCDE es del 11,3%, mientras en Finlandia y Suecia excede del 15%, en Noruega está por arriba del 20% y Dinamarca llega al 30%. Esto debe ir acompañado de cambios en la legislación y fortalecimiento organizacional y tecnológico de la administración tributaria, a fin de combatir eficazmente el fraude tributario en sus diversas manifestaciones. No debe perderse de vista el carácter trasnacionalizado, incluso globalizado, de la “industria del fraude tributario”, lo cual exige la colaboración y el trabajo conjunto de los diversos países y sus gobiernos. Todo esto es necesario, para poder contar con la holgura presupuestaria mínima, que nos permita soltarnos de las amarras asfixiantes, y sumamente dañinas, de la austeridad fiscal.
4. Así sea de forma gradual, y con mucho tiento y prudencia, pero es necesario que el país redefina sus políticas en materia de inversión Hemos sido excepcionalmente exitosos a la hora de atraerla, pero sumamente ineptos, si de garantizar ciertos beneficios mínimos para el país se trata. Bienvenidos son los empleos que genera, pero la evidencia demuestra, sin asomo de duda, que son harto insuficientes para satisfacer las necesidades de empleo de nuestra gente, como también son insatisfactorios los resultados logrados en términos de la generación de encadenamientos productivos y transferencia de tecnologías. Y ni hablemos de sus muy escasos aportes al sostenimiento de las finanzas públicas. La resistencia a cualquier avance en ese sentido, no obstante que la necesidad es más que apremiante, se vuelve más clara si recordamos que a nivel mundial se ha discutido, y se han tomado acuerdos, que propician establecer al menos una tasa uniforme del 15% sobre las ganancias de las corporaciones transnacionales. En Costa Rica, y contrariando los intereses nacionales más elementales, la cuestión ha sido silenciada. En resumen: nos urge establecer una relación más equitativa con la inversión extranjera, de manera que esta encuentre en nuestro país un ambiente propicio a sus intereses, pero garantizando que quede a nuestro favor una cuota razonable de las ganancias generadas.
5. Es importante abrir espacios para el desarrollo de programas de inversión pública que relancen el empleo, dinamicen el mercado interno, avancen gradualmente hacia el cierre de los déficits en materia de infraestructura y conectividad, el avance hacia nuevas fuentes energéticas limpias y sostenibles, y que, asimismo, sienten las bases para una economía moderna, diversificada y de alta Estos programas y proyectos deberían diseñarse de forma que propicien el empleo para mujeres y personas jóvenes, el beneficio de las regiones y comunidades fuera del Valle Central, y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. También debería considerarse abrir programas de empleo temporal, que propicien el aporte de las personas en labores cívicas de interés de las comunidades y los barrios, y que provea un ingreso mínimo a personas que lo requieren, y las cuales desean obtener un trabajo formal pero que no lo tienen.
6. Las operadoras de los fondos de pensiones complementarias (fondos de capitalización individual) administran ahorros de la población costarricense, por una cifra que excede de los ₡10 billones de colones, o sea, el equivalente a aproximadamente 21-22% del PIB. Cerca de un tercio de esos fondos -un monto por encima de ₡3 billones- está siendo colocado en los mercados financieros internacionales, los cuales, como hemos podido comprobar, son altamente inestables y riesgosos. Paradójicamente, la inversión pública en muchos ámbitos de máxima prioridad social y económica, sigue paralizada, o reducida a su mínima expresión, porque, según se repite, “no hay cómo financiarla”. O bien, y alternativamente, se apela al mecanismo de “concesión de obra pública”, lo cual significa, para todo efecto relevante, una privatización de hecho, con resultados que reiteradamente han sido contrarios a los intereses de Costa Rica. Deberíamos, en cambio, poner especial interés en aprovechar los fondos de pensiones para el financiamiento de las inversiones públicas. Con ese fin, es posible explorar mecanismos como los de titularización de obra pública, la creación de “vehículos de propósito especial” (SPV por sus siglas en inglés) o los fideicomisos. Pero para hacer todo esto eficaz y expedito, es necesario, primero, que el sistema financiero desarrolle mecanismos idóneos, ágiles y confiables para la canalización de esos fondos, y, segundo, que la legislación y la institucionalidad pública involucrada, se reformen en lo que sea necesario, a fin de garantizar que los procesos de planificación y ejecución de las obras públicas avancen con presteza y con los mínimos obstáculos posibles. Todo esto dentro de una propuesta de políticas que resguarde la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones.
7. Finalmente, y de forma sumamente respetuosa y encarecida, formulamos una excitativa a las señoras y señores, presidente y jefas y jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para que promuevan la apertura de mesas de diálogo y trabajo, con participación de representantes de las diversas organizaciones y sectores de la ciudadanía, incluyendo, entre otros, sindicatos, organizaciones de mujeres, academia, pueblos indígenas, las iglesias y las diversas organizaciones religiosas, las organizaciones de la agricultura y del ambiente, organizaciones estudiantiles, comunales, solidaristas y de la economía social-solidaria (cooperativas, micros y pequeños emprendimientos, etc.) y cámaras empresariales, con el fin de avanzar hacia la formulación de un programa fiscal, coherente e integral, justo y progresivo, que genere las condiciones necesarias para relanzar el empleo, elevar la productividad de la economía y propiciar un desarrollo sólido y sostenible, ambientalmente muy responsable. Desde luego, es importante que las autoridades del Poder Legislativo inviten y promuevan la participación del Poder Ejecutivo, ya que, sin el compromiso de este último, sería imposible avanzar en este proceso de urgente reorientación y replanteamiento de la estrategia fiscal en aplicación.

La misiva es firmada por los economistas:

• Dr. Luis Paulino Vargas Solís
• Máster Ana Rosa Ruiz Fernández
• M.Sc. Jeannette Cordero Gamboa
• M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
• M.Sc. Edwin Zamora Bolaños
• Dr. Henry Mora Jiménez
• Dr. Martín Murillo Córdoba. PhD.
• M.Sc. Daniel Vartanián Alarcón
• Lic. Luis Olivares Martínez
• Magister Welmer Ramos González