San José, 17 de oct (elmundo.cr) – La diputada Pilar Cisneros defendió fuertemente el proyecto de Ley Jaguar, alegando que su principal objetivo es evitar la necesidad de un referéndum que costaría ¢3.500 millones y permitir que la Asamblea Legislativa tome decisiones sin injerencia de la Contraloría General de la República.
En sus declaraciones, Cisneros aseguró que los diputados tienen la potestad para reformar la ley directamente en el Congreso y criticó duramente a la contralora general, Marta Acosta, acusándola de extralimitarse en sus funciones.
“Lo que nosotros pretendemos es que para no ir a un referéndum que cuesta ¢3.500 millones de colones, que se apruebe aquí en la Asamblea Legislativa”, señaló la diputada, agregando que los legisladores pueden tomar decisiones sin la intervención de la Contraloría.
Cisneros argumentó que la contralora está intentando “cogobernar” el país, asumiendo roles que no le corresponden según la Constitución Política. “A ver, los diputados tenemos toda la potestad para reformarlo aquí y para decirle de una vez por todas a la señora contralora que no se meta en lo que no tiene que meterse. Es decir, que no pretenda cogobernar este país”, manifestó.
La legisladora fue más allá al expresar que Acosta no tiene el derecho de dictar instrucciones a los ministros o jerarcas de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y le sugirió que, si desea tomar decisiones ejecutivas, debería presentarse a elecciones presidenciales.
“No puede ser que la contralora se sienta presidenta de la República. Como yo le dije, si usted quiere ser presidenta de la República, vaya, pídale los votos a los ciudadanos y a ver si la eligen, y entonces sí haga lo que quiera y gobierne este país como quiera”, enfatizó Cisneros.
El proyecto de Ley Jaguar, según Cisneros, busca garantizar que las decisiones del Poder Ejecutivo, especialmente en cuanto a la realización de obra pública, no se vean obstaculizadas por la Contraloría.
“Lo que vamos a hacer es hacer obra pública porque lo que vamos a hacer es impedir que la contralora se pueda parar en la manguera para que se puedan impulsar ese tipo de obras”, comentó.
La diputada también advirtió que, con la aprobación de la ley, la contralora no podrá interferir en las decisiones del Gobierno respecto a la construcción de obra pública. “Ya ella no va a poder decir no, no quiero, no avance”, subrayó, sugiriendo que la intervención de Acosta ha sido un impedimento para el desarrollo de proyectos importantes en el país.
El debate sobre el rol de la Contraloría y su relación con el Poder Ejecutivo ha generado polémica en los últimos meses, y las declaraciones de Cisneros añaden un nuevo capítulo a esta discusión.
La Ley Jaguar es vista por sus promotores como una herramienta para agilizar la inversión en infraestructura y reducir la burocracia, aunque sus detractores temen que limite la capacidad de fiscalización de la Contraloría sobre el uso de los fondos públicos.
