San José, 13 jul (elmundo.cr) – Los pescadores solicitaron al Gobierno que respete sus derechos humanos en la creación de áreas protegidas y parques nacionales en se localicen en zona marítima.
Esto a raíz de que el Ministerio de Ambiente y Energía se encuentra llevando a cabo un proceso participativo para estudiar la ampliación del área marina protegida que rodea la Isla del Coco.
Los pescadores aseguran que si bien han transcurrido varios meses desde el inicio del proceso, no han contado con ninguna participación efectiva hasta el momento, a diferencia de un gran número de organizaciones no gubernamentales.
Marco Seas, de la organización de pescadores de palangre CNIP, señaló que “el sector se encuentra sin ninguna clase de representación en el proceso que ha seguido el Minae y preocupa que hagan otro Crucitas”.
“Los pescadores hemos enviado al menos tres cartas a la Ministra de Ambiente solicitando la incorporación de las organizaciones en el proceso de consulta, y acceso adecuado a la información pero las autoridades se han mostrado reticentes en admitir dicha participación y a dar el acceso a la información”, agregó.
Para Seas “es necesario que este gobierno proteja el ambiente respetando los derechos humanos de las personas de las comunidades costeras. Le pedimos la intervención del Presidente Don Carlos Alvarado para que que de orden de respetar a las personas en los procesos y que den acceso a la información”.
Por su parte Manuel Allan Fonseca de la Asociación Pescadores de Palangre Cuajiniquil, indicó que “ante la falta de transparencia, la carencia de un adecuado proceso democrático y por no existir claridad respecto de las reglas de la consulta, los pescadores han decidido solicitar la intervención de otras instancias observadores y garantes del Estado”.
“Para ello, han solicitado a la Defensora de los Habitantes y a los Diputados de la República que representan a la provincia de Puntarenas que se integren en el proceso en calidad de observadores”, indicó.
“A juicio de las personas pescadoras, esto ayudaría a garantizar que los derechos humanos de las familias de pescadores que viven en las costas del país no se vean vulnerados en el proceso y que se implemente una debida democratización de la consulta a la sociedad civil”, concluyó.
